Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) afirmara que las escuelas militarizadas son irregulares y de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se deslindara de cualquier facultad para autorizar, supervisar o regular este tipo de instituciones privadas, organismos defensores de los derechos de la niñez urgieron a cancelar registros de ese tipo de planteles.
Las agrupaciones Tejiendo Redes Infancia y la Red por los Derechos de la Infancia en México demandaron la inmediata cancelación de los registros existentes y garantizar alternativas educativas para los estudiantes antes de que inicie el próximo ciclo escolar.
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"Los deslindes de ambas autoridades evidencian un vacío de regulación que no puede traducirse en ausencia de responsabilidades. El Estado tiene la obligación de garantizar que niñas, niños y adolescentes estudien en espacios seguros y libres de violencia", señaló Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe.
El activista sostuvo que suman tres las muertes de adolescentes ocurridas en escuelas o academias denominadas "militarizadas" y muestran patrones de abuso, falta de supervisión, impunidad y participación de personas sin formación docente en procesos educativos.
SEP y Sedena reconocen vacío de regulación
Afirmó que el reciente comunicado de la SEP, en el que reconoce que las escuelas militarizadas son irregulares, constituye un primer paso para proteger los derechos de la infancia. Sin embargo, consideró indispensable que la dependencia avance con la cancelación de los registros existentes y establezca un plan de acompañamiento para que los estudiantes puedan incorporarse a otras opciones educativas antes de que comience el próximo ciclo lectivo.
Respecto al comunicado difundido el sábado por la Sedena, destacó que la propia institución reconoce que carece de atribuciones legales para autorizar, inspeccionar, supervisar o regular instituciones educativas privadas que operan bajo modelos "militarizados", conforme a su Reglamento Interior.
Pérez García advirtió que el hecho de que una escuela cuente con un registro educativo no significa que tenga autorización para impartir disciplina militar. Recordó que la SEP también precisó que no existe disposición normativa que permita la impartición de este tipo de educación en instituciones de educación básica y que tampoco está autorizada la prestación de servicios educativos bajo denominaciones como "militarizada", "militar" o "castrense".
Caso Dafne y derechos de la niñez
El especialista consideró que los deslindes institucionales plantean una pregunta de interés público: ¿qué autoridad era responsable de proteger a las y los estudiantes?
"La falta de claridad entre dependencias no elimina la responsabilidad del Estado. Las autoridades educativas, de protección civil, salud, procuración de justicia y protección de derechos deben explicar qué inspecciones realizaron, qué riesgos identificaron y qué medidas adoptaron para prevenir estos hechos", señaló.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) que dirige Tania Ramírez, reiteró por su parte que ninguna práctica educativa puede justificar la violencia bajo argumentos como "formar el carácter", "corregir conductas" o imponer disciplina. Subrayó que la educación debe estar libre de golpes, amenazas, humillaciones, aislamiento, privación de alimentos o agua, ejercicios peligrosos, novatadas y cualquier castigo que ponga en riesgo la integridad física o emocional de niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, hizo un llamado a preservar la dignidad de Dafne y de su familia, evitando reducir a la adolescente a las circunstancias de su muerte y privilegiando la investigación de las condiciones institucionales que hicieron posible la tragedia.
Muertes en academias militarizadas reavivan el debate
Las preguntas que, a juicio de ambos organismos deben responder las autoridades son: “¿Existían denuncias, sanciones o inspecciones previas contra planteles militarizados?, ¿Cuántas academias con características similares operan actualmente en México y cuándo serán prohibidas de manera explícita?”
De acuerdo con su información, la primera de las víctimas fue Zamir Pinto, de 16 años, quien murió en 2023 a causa de los golpes que recibió en una academia militarizada en el Estado de México.
Dos años después, perdió la vida Erik Torbellín, de 13 años, en un campamento de verano realizado en el estado de Morelos, y, el caso más reciente, el de Dafne Zapata en julio de este año, quien murió por asfixia por sumersión en la Academia Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas.
SJHN
