El Congreso de Veracruz aprobó el desafuero de los alcaldes Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván.
De acuerdo con los reportes, ambos podrán ser investigados y procesados penalmente por la Fiscalía General del Estado. Aquí te damos a decimos todo lo que debes conocer sobre el caso.
Te recomendamos leer...
Diputados avalan proceso
La decisión fue avalada durante una sesión extraordinaria del Congreso local con 40 votos a favor, al considerar procedente retirarles la inmunidad constitucional para que enfrenten las investigaciones en su contra.
¿Por qué son investigados?
Raúl González
Es investigado por su presunta participación intelectual en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán, ocurrido en Veracruz.
Conviene señalar que el 28 de julio el presidente municipal acusó un linchamiento mediático, pues aseguró que no conocía a Roxana Guzmán, asesinada en junio, crimen por el que están presos cuatro policías municipales.
De acuerdo con la Fiscalía estatal, el edil habría ordenado el crimen para impedir la difusión de una fotografía que lo comprometía. Por este caso ya existen varias personas vinculadas a proceso, entre ellas policías municipales.
Bertín Bravo Montero
Por su parte, Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, es investigado por su presunta participación en la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta Ignacio López.
Las autoridades señalaron que el último lugar donde ambas víctimas fueron vistas con vida fue la vivienda del alcalde de Úrsulo Galván.
Además, la FGE informó que la carpeta de investigación incluye videograbaciones, datos de telefonía, testimonios e inconsistencias detectadas en algunas declaraciones del edil, elementos que, según la autoridad ministerial, lo relacionan con la desaparición de ambas personas.
¿Qué significa el desafuero?
El desafuero, también conocido como declaración de procedencia, no implica que los funcionarios sean culpables de los delitos que se les imputan. Su objetivo es retirar la protección constitucional que impide procesarlos penalmente mientras ocupan un cargo público.
A partir de esta resolución, ambos alcaldes podrán ser llamados ante la autoridad judicial para responder por las investigaciones abiertas en su contra, mientras las indagatorias continúan conforme al debido proceso.
Te recomendamos leer..
Con información de Isabel Zamudio
