El gobierno de Puebla impuso sanciones, amonestaciones y hasta destituciones contra más de 400 de sus trabajadores por diversas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta solicitó a la ciudadanía denunciar cualquier acto de corrupción para aplicar las sanciones correspondientes.
"Cada dos días hemos tenido que separar de su cargo a un servidor público en lo que va de nuestra administración", confirmó el mandatario al instruir a la Coordinación de Gabinete y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) impedir prebendas o contratos que atenten contra el patrimonio de la entidad.
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Sobre el tema, Alejandro Espidio Reyes, titular de la SABG, precisó que durante la gubernatura de Alejandro Armenta se han aplicado 422 sanciones y separaciones contra funcionarios que actuaron de manera indebida.
Explicó que del 14 de diciembre de 2024 al 31 de octubre de 2026 se acumularon 48 sanciones de la SABG contra funcionarios: 27 fueron amonestaciones, tres suspensiones y 18 destituciones. De éstas últimas, 14 incluyeron la inhabilitación y otras dos el reintegro de los recursos que se aplicaron de forma incorrecta.
Asimismo, se turnaron 59 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa por faltas graves: 25 por desvío de recursos y 22 por abuso de funciones. De ellas, el TJA confirmó 13 sanciones por delitos como peculado, desacato y utilización de información falsa.
Adicional a ello, al menos 315 personas fueron separadas de su cargo, empleo o comisión por incumplimiento y omisiones laborales, aunque "en su mayoría, no derivan de un procedimiento de responsabilidad administrativa".
Espidio aclaró que en esta parte recaen casos como los de policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes incurrieron en inasistencias, detenciones ilegales, desacato, alcohol en servicio, solicitud de dádivas, documentación apócrifa y agresiones a personas privadas de la libertad.
Asimismo, maestros, directivos y administrativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que abandonaron su empleo, cometieron hostigamiento o acoso sexual, maltrato escolar, acoso laboral o falta de probidad.
CHM
