La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sughey Torres Rodríguez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Durango para tipificar con mayor claridad el pandillerismo y endurecer las sanciones contra quienes incurran en este tipo de prácticas.
La propuesta plantea castigos de seis a 12 años de prisión, así como multas que van de 200 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), para quienes formen parte de asociaciones o bandas integradas por tres o más personas con el propósito de delinquir.
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Durante su intervención en tribuna del Congreso del Estado de Durango, la legisladora subrayó que la ciudadanía exige resultados concretos en materia de seguridad, más allá de discursos técnicos.
“La gente no quiere discursos técnicos, quiere resultados, quiere seguridad, quiere salir a la calle sin miedo. Hoy no estamos votando en contra de los jóvenes, estamos votando a favor de las víctimas, de la tranquilidad de las familias y del orden público. Esta Legislatura tiene la oportunidad de mandar una señal contundente de que estamos del lado de la justicia y trabajando para recuperar la paz en Durango”.
A nombre del PRI detalló que la iniciativa busca brindar claridad y certeza jurídica al marco legal vigente, por esto propone definir con precisión el concepto de pandillerismo, establecerlo como agravante cuando los delitos se cometen en grupo y endurecer las sanciones en casos donde exista violencia, uso de armas o cuando las víctimas pertenezcan a sectores vulnerables.
Asimismo, la reforma contempla dotar de herramientas más claras a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, con el fin de facilitar la aplicación de la ley en estos casos.
Al ampliar los motivos de la iniciativa, Torres Rodríguez enfatizó que el fenómeno del pandillerismo no puede reducirse a la simple imagen de jóvenes reunidos en la vía pública, sino que responde a una problemática social más profunda en Durango.
Señaló que, en muchos casos, estas conductas surgen a partir del abandono, la falta de oportunidades y la ausencia de tejido comunitario; sin embargo, cuando escalan hacia actividades delictivas, terminan afectando de manera directa a la sociedad en su conjunto.
“Queremos juventud con futuro, no juventud con miedo. Queremos comunidad, no confrontación. Y que quede muy claro: quien quiere organizarse tiene todo el derecho, pero quien decide delinquir en grupo debe saber que la ley es más firme”.
Expresiones de violencia
La legisladora advirtió que lo que inicialmente puede representar identidad o sentido de pertenencia entre jóvenes, puede derivar en expresiones de violencia.
Cuando estos grupos optan por delinquir, añadió, el impacto es mayor, más agresivo y genera un entorno de intimidación para la población.
Recordó que recientemente en Durango se han registrado riñas colectivas en calles y espacios públicos, así como actos vandálicos que han incrementado la percepción de inseguridad entre las familias.
Finalmente, destacó que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) evidencian que los jóvenes son, al mismo tiempo, víctimas y victimarios de la violencia, lo que obliga a las autoridades a actuar con una estrategia integral.
“No se trata de criminalizar a la juventud, sino de poner límites claros a la violencia”, concluyó.
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