Hoy en día, la huella digital es una realidad contundente que puede funcionar como prueba en un juicio, ya sea a favor o en contra de un implicado. Ante este escenario, surge la duda de cómo se han ajustado los marcos legales locales para regular un entorno donde los metadatos son un factor decisivo en el esclarecimiento de un suceso.
Es crucial entender qué previsiones tomar para no ser víctima de un delito cibernético. En la actualidad, un audio puede derivar en una demanda por difamación si se acredita su procedencia y contenido; incluso un rumor digital —potenciado por la Inteligencia Artificial (IA)— puede tener consecuencias legales.
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En el ámbito legislativo, en Durango se analizan diversas propuestas para no perder terreno frente a los avances tecnológicos. El Tribunal Superior de Justicia ya atiende casos de esta índole, por lo que requiere con urgencia un marco legal adecuado. Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Durango debe contar con los mecanismos tecnológicos y el personal capacitado para hacer frente a esta realidad.
Prevención y el rastro de los metadatos
David Anaya, especialista en ciberseguridad, advierte que al subir cualquier archivo a internet o a las redes sociales es casi imposible eliminarlo por completo debido a la huella digital interactiva. Por ello, los ciudadanos deben extremar precauciones.
“Hoy la prevención digital no es una opción, es parte de la seguridad personal. Lo que la gente debe entender es que nada se borra al 100 por ciento; aunque eliminemos un mensaje, pueden existir capturas de pantalla, respaldos, reenvíos en otros dispositivos e incluso registros técnicos”, explicó Anaya.
El especialista detalló que los metadatos son registros generados principalmente por los teléfonos móviles que incluyen la ubicación, el modelo del aparato y la hora de creación del archivo, elementos que pueden ser certificados legalmente.
“El teléfono deja una huella. Cuando grabas un video o tomas una foto, muchas veces se guardan metadatos. Eso puede ayudarte si eres víctima, pero también puede usarse en tu contra si publicas algo sin pensarlo”.
Anaya hizo especial énfasis en que los menores de edad requieren supervisión permanente y una comunicación abierta con sus padres para reaccionar a tiempo ante un contacto malicioso. La clave, aseguró, radica en el diálogo y en activar los controles parentales.
“Compartir contenido íntimo o lanzar una acusación sin pruebas no es un simple chisme, puede convertirse en un delito. Para los padres de familia, el mayor riesgo no es la tecnología, sino la falta de supervisión. Si un menor recibe mensajes directos y le piden cambiar de plataforma, lo correcto no es regañarlo, sino acompañarlo y denunciar ante la autoridad”.
Finalmente, recomendó que, ante cualquier situación de riesgo, se deben resguardar las evidencias sin alterarlas y solicitar el apoyo de un especialista o de la autoridad para su correcta certificación y análisis.
Se trabaja en el marco legal
Gabriela Vázquez Chacón, diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), dio a conocer que ya se presentó una iniciativa que busca inhibir este tipo de delitos, aunque reconoció que aún quedan temas pendientes por abordar debido a la velocidad de la tecnología.
“Hemos tenido que actualizar de forma constante. La Inteligencia Artificial ha transformado la manera en que trabajamos, nos comunicamos e incluso cómo ofrecemos información. Lamentablemente, también han crecido los delitos de suplantación de identidad, de contenido sexual falsificado y la difusión de audios o videos apócrifos utilizados para la difamación.
"Estos casos ya no son hipótesis, son una realidad que daña a la ciudadanía. Por ello, el año pasado presentamos una reforma al Código Penal para sancionar el uso malicioso de la IA”, señaló la legisladora".
La propuesta técnica contempla penas de 4 a 8 años de prisión, así como multas tasadas en Unidades de Medida y Actualización (UMAs), con agravantes cuando las víctimas sean menores de edad o se generen daños psicológicos y económicos. La diputada admitió que los vacíos legales persisten, por lo que el Congreso local se ha reunido con especialistas para robustecer las iniciativas.
Vázquez Chacón confirmó que en el Tribunal Superior de Justicia del Estado ya se ventilan varios casos que evidencian la urgencia de este andamiaje legal para validar las pruebas tecnológicas. Además, subrayó la gravedad del problema con estadísticas oficiales.
“El Tribunal nos confirmó que existen varios casos que demandan la actualización del marco jurídico. De acuerdo con el Inegi, una de cada cinco personas ha sufrido alguna forma de ciberacoso en el país, y esos son solo los datos registrados; la cifra negra podría ser mayor”.
El impacto en la sociedad y el sector empresarial
Por su parte, Julieta Hernández Camargo, presidenta de la organización Sí hay mujeres en Durango, sostuvo que en los casos de violencia de género los registros tecnológicos son herramientas vitales para acreditar la culpabilidad del agresor. Explicó que a través de los historiales de chats, conversaciones, grabaciones, fotografías y videos se puede reconstruir de manera sólida la narrativa de las agresiones.
Desde la perspectiva económica, Lorena Hernández Pérez, presidenta de la Unión Social de Empresas Mexicanas (USEM), señaló que los avances tecnológicos han vuelto más vulnerables a los negocios. Esto ha obligado a las empresas a invertir sumas importantes de recursos en ciberseguridad para evitar fraudes corporativos.
Sin embargo, la líder empresarial mostró preocupación respecto a la capacidad operativa del Estado, al exponer que desconoce si las fiscalías cuentan actualmente con el personal especializado y el equipamiento necesario para investigar de manera eficiente este tipo de delitos financieros en caso de ser víctimas de un ataque.
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