El Clúster Industrial Minero No Metálicos y Agregados (Cimnometa) de Durango, se manifestó en contra del impuesto adicionado en la Ley de Hacienda para el Estado, denominado Impuestos Ecológicos, pues aseguran que fue aprobado por el Congreso Local sin un análisis a fondo, pero además, agregan que no fue consensuado y no implica beneficios para el medio ambiente, sino al contrario, pone en riesgo a la actividad de este sector económico e inclusive afectará la situación económica de municipios de la entidad.
El clúster es presidido por Claudio David Estens de la Garza y está conformado por 24 empresas mineras distribuidas en toda la entidad y en proceso de integrarse 10 más, pero la mayoría se ubica en la Región Lagunera, y se dedican a la extracción de mármol, carbonato de calcio, gravas, arenas, mismas que serán las más afectadas por este impuesto.
El Impuesto Ecológico grava todas las actividades de personas físicas y personas morales e inclusive a entes públicos que tengan un impacto en el Medio Ambiente en las siguientes áreas:
- Del impuesto para la preservación y restauración ecológica en la extracción de materiales.
- Emisión de gases a la atmósfera.
- Emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua.
- Del impuesto al depósito o almacenamiento de residuos.
Como ejemplo, Alfredo Villalobos, asesor del Cimnometa, comentó que este impuesto grava cada tonelada de dióxido de carbono emitido a la atmósfera con 179 pesos.
El pasado 15 de diciembre de 2022, el Congreso del Estado de Durango aprobó la publicación del Decreto No. 313 en el Periódico Oficial del Estado de Durango, que adiciona a la Ley de Hacienda para la entidad diversos impuestos, entre ellos el Capítulo X sobre Impuestos Ecológicos, mismo que fue publicado el día 27 de diciembre de 2022.
Piden reunión con diputados
Las exigencias del sector se intensifican en este momento, ya que durante la semana del 24 al 28 de abril, la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Durango comenzó a requerir el pago de estas obligaciones a diversos contribuyentes, pero aseguran que no se encontraban enterados de las mismas.
“Por este mismo medio, declaramos que no estamos en contra de pagar impuestos, pero sí de pagar contribuciones desproporcionadas al valor de las actividades que realizamos. Más aún, cuando dichos impuestos lo que garantizan es el derecho a contaminar y no resuelven en nada la problemática ambiental del Estado”, manifestaron.
Otro de los ejemplos que expuso, es que el impuesto a almacenamiento de residuos en relleno sanitario de 140 pesos por tonelada, es decir, el municipio de Gómez Palacio tendría que pagar cuatro millones 200 mil pesos por mes de impuestos estatales por las 30 mil toneladas de basura mensuales depositadas en su relleno sanitario.
“Si las condiciones no cambian, sino podemos tener una mesa de trabajo con el Congreso del Estado y realmente revisar a fondo, que ellos busquen ajustar estos parámetros, pues realmente la situación se vuelve crítica” expresó.
Ante lo cual, el clúster solicita a diputados de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del Congreso del Estado, entablar una reunión para analizar esta Ley a fondo, con la finalidad de buscar soluciones que en verdad puedan beneficiar al medio ambiente y a su vez, no afectar tanto al sector minero no metálico de la entidad.
GERR
