El Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados solicitó documentación sobre el estado que guarda el proceso penal del abogado José Gerardo Ortega Maya, ex asesor del ex secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza, en el sexenio pasado, para brindarle apoyo.
El litigante presuntamente fue torturado por no declarar contra su amigo el ex subsecretario de la Defensa Nacional, el general Tomás Ángeles Dauahare.
En sus declaraciones ante el juez, Ortega Maya aseguró que militares que trabajaban en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), con el apoyo de los testigos protegidos con nombre clave "X" y "Libre" lo incriminaron.
Armando Soto Espino, presidente del Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, requirió la información con la intención de ofrecer apoyo a la familia del detenido, de acuerdo con el seguimiento a la solicitud CIGQ/0102/2016.
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Ortega Maya fue absuelto por cuatro instancias judiciales del delito de delincuencia organizada, después de que los testigos protegidos "X" y "Libre", con el apoyo de militares le "fabricaron" delitos, ya que lo acusaron de recibir dinero del cártel de Sinaloa. Asimismo, se comprobó que las firmas estampadas en las declaraciones de los testigos protegidos eran falsas.
El abogado que permanece en el penal de Ocampo, en Guanajuato, está a la espera de que se dicte sentencia en el proceso penal que aún enfrenta por posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, mismas que asegura le fueron sembradas por los soldados que estaban en la Seido; la Secretaría de la Defensa Nacional informó al juzgado que nunca comisionó a los militares señalados, a la subprocuraduría de la PGR.
Hace unos días el juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de México, determinó aplazar su sentencia.
La PGR no ha cesado en su intención de mantenerlo en la cárcel, ya que presentó conclusiones acusatorias para que se le declare responsable del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de cartuchos en cantidad mayores a las permitidas.
MILENIO tuvo acceso a las conclusiones presentadas por el ex asesor del ex mando naval y que constan en la causa penal 31/2012 que se inició en el juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de México, que hoy es presidido por el juez Francisco Javier Munguía Padilla.
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La PGR aseguró que el 4 de mayo de 2012, los elementos de la Policía Federal Ministerial Luciano Nabor Hernández y Hugo Mendoza Fragoso, rindieron su parte informativo con relación a una orden de localización y presentación, en la que aseveraron que Ortega portaba un arma de fuego, tipo carabina, calibre .223, marca Colt, matrícula LE030265, modelo Law Enforcement, y una pistola, calibre .38 súper, marca Colt, matrícula CS003028; y, tenía en su posesión 14 cartuchos útiles calibre .223, que de acuerdo con el dictamen pericial son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
En 2014, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó al mencionado juzgado que el arma de fuego que la PGR encontró en la casa del abogado Ortega Maya, y que presuntamente poseía ilegalmente, la carabina, es de colección y pertenece al general Tomás Ángeles, de acuerdo al oficio S-III-1466 que entregó la Procuraduría General de Justicia Militar.
Ortega denunció que el 3 mayo de 2012, elementos del Ejército y de la PGR lo sustrajeron de su domicilio ubicado en la colonia Herradura, en el municipio mexiquense de Huixquilucan; posteriormente, fue llevado a las instalaciones de PGR, en la calle de López, colonia Centro, en el Distrito Federal, donde fue torturado por órdenes del teniente coronel Avigaí Vargas Tirado.
En sus conclusiones, la defensa de Ortega pidió al juez valorar las diversas pruebas de descargo, para que defina si realmente PGR vigiló a su cliente, como la institución asegura, o si "fue una trama bien orquestada por los captores para perjudicar al procesado con total alevosía y prelación".
jbh
