Para evitar que corran riesgos, se vulneren sus derechos o sean revictimizados, la nueva Procuraduría de Protección a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a cargo del DIF Jalisco ha dictado este año veinte medidas urgentes de protección, para salvaguardar a 113 menores de edad.
Dictar medidas urgentes es una de las facultades de esta procuraduría, que también se estrenó con la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes el pasado 1 de enero, y sobre la cual las autoridades del Sistema DIF estatal hacen un balance de los primeros cinco meses.
“A la fecha llevamos veinte medidas dictadas, todas han sido ratificadas por los juzgados, en diferentes temáticas, y es una de las nuevas funciones que ya se ha cumplido”, indicó el titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, Oscar González Abundis, tras detallar a este medio que la mayoría de las medidas (17) han sido unitarias, es decir, cada una en favor de un solo menor de edad; mientras que las otras se dictaron en tres albergues infantiles que intervino el DIF Jalisco, de donde fueron retirados todos los menores de edad.
Respecto a estos últimos casos, la citada Procuraduría intervino el albergue Villas de San Juan y resguardó a diez niños; posteriormente la casa hogar de la Fundación para el Apoyo Institucional y Aldea Infantil, A.C. (Funaii), del que retiró a 21 menores de edad; y tras visitar y encontrar irregularidades en la casa hogar Estancia de María retiró a los 65 menores de edad que ahí vivían, el pasado 20 de mayo.
“En este tema de medidas de protección se está actuando muy de cerca con los jueces. Nosotros la dictamos pero los jueces pueden o no ratificar la misma… Hay una línea muy delgada entre la medida que pudiéramos dictar y la que corresponde, que ya es facultad jurisdiccional. Tenemos que establecer criterios para no invadir esferas”, explicó la directora general del DIF Jalisco, Consuelo del Rosario González Jiménez. Se trata de una carrera contrarreloj, pues en cuanto se dicta la medida, debe enviarse de inmediato para que el juez la ratifique o no. Se busca “no invadir, pero tampoco quedarnos omisos”, acotó.
Para la funcionaria, es un buen indicador el que en todos los casos las medidas de protección hayan sido ratificadas. Su fin es proteger a uno o varios menores de edad y se pueden dirigir tanto a dependencias como a instituciones no gubernamentales, como las llamadas casas hogar, o a cualquiera donde se esté violentando o pueda haber un riesgo para el niño, niña o adolescente.
Dos casos concretos
La primera medida de protección se dictó a pocos días de que entró en vigor la ley, por un aviso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que alertó a la Procuraduría sobre una adolescente que era atendida en uno de sus hospitales en esta área metropolitana, quien reportó ser víctima de abuso sexual por parte de su papá. “Acude el equipo interdisciplinario, se detecta que existe la presunción y riesgo inminente de alguna vulneración si regresa con su padre, se dicta la medida, recogemos a la menor de edad, la resguardamos en un albergue y se le retira del peligro”, describió el procurador. Sin embargo, la labor no termina ahí, sino que ahora el organismo está obligado por ley a dar seguimiento al caso. La menor necesita acudir a atención médica tres veces por semana y eso obliga a ampliar las medidas de protección para garantizar que le segurián dando los servicios.
El 13 de enero pasado la medida fue ratificada por el juzgado, las ampliaciones a la medida también fueron ratificadas por el juzgado y mientras la Procuraduría representa legalmente a la adolescente; la Fiscalía del Estado lleva a cabo la integración de la denuncia en contra del agresor.
La medida de protección más reciente se dictó a la casa hogar Estancia de María “porque el albergue no tenía ningún permiso para funcionar”, refirió Óscar González. A los 65 menores de edad ahí albergados, la Procuraduría les dio resguardo provisional en el edificio conocido como Ciudad Niñez, en tanto se tramitaban las reintegraciones de niñas y niños con sus familias, si se trataba de ingresos voluntarios. Algunos fueron puestos a disposición de los delegados institucionales a cargo de su tutela; y cuando no fue factible la reintegración familiar el nuevo organismo se hizo cargo de los trámites para encontrar el mejor albergue para otros menores.
“Este caso es uno de los éxitos del Sistema Vigía que a la hora de ir a hacer la supervisión se percata de la situación, al pedir documentación y al ver que los niños están en riesgo. No es producto de una denuncia, sino del trabajo con el Sistema Vigía y de la nueva Ley que nos está facultando para ir a supervisar”, resaltó la directora del DIF Jalisco.
La entrevistada admite que la casa hogar Estancia de María tiene varios años de trabajo y en el pasado recibió visitas de otras dependencias sin haberse clausurado sus servicios. “Para eso son las supervisiones”, defendió, “porque se puede estar trabajando bien dos, tres años y luego se descuida el refrendo del albergue, las medidas de protección civil, cosas que se deben hacer de forma continua”.
A un año y medio de utilizar el Sistema Vigía para supervisar casas hogar, la entrevistada afirma que ya se tiene un padrón fiable de albergues infantiles y un mejor diagnóstico de los mismos. Tan buenos resultados ha dado, sostuvo, que “algunas instituciones lo quieren replicar, nosotros ya lo presentamos a nivel nacional como un modelo exitoso de atención”.
Al momento de la entrevista, ninguno de los tres albergues infantiles señalados había reiniciado actividades, por lo que el padrón de casas hogar registradas en el estado descendió a 84.
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