El director general del Organismo de Cuencas Centrales del Norte, Gabriel Riestra Martínez, manifestó que se ha venido trabajando en la revisión legal de al menos 600 derechos de agua rodada que habían sido arrendados en la década de los 90 y que han vencido en la fecha contractual, y de estos, 222 han sido devueltos a su estatus ejidal.
Señaló que otro tanto de derechos, por así convenir a las partes, se vendieron y pasaron del estatus social al privado o de pequeña propiedad, en tanto que otro número sigue en proceso de revisión por parte de la subdirección Jurídica del organismo federal.
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Cuestionado respecto a las acusaciones que contra la dependencia ha hecho la llamada Contraloría del Agua de estar solapando el acaparamiento de derechos en contra del sector ejidal, el funcionario expuso que se ha venido trabajando en ello desde el año pasado debido a que hay contratos de arrendamiento que se hicieron a 30 años y ya vencieron, de ahí que se pida su devolución.
En ese sentido, Riestra Martínez dijo que con el auxilio del área jurídica se ha podido actualizar una parte de los 600 derechos que estaban en ese estatus, en donde han encontrado que muchos de los actores de dichos contratos ya fallecieron y es necesario hacer todo un procedimiento de sucesión de derechos.
Citó que muchos de esos contratos de arrendamiento se comenzaron a dar en 1992 cuando la modificación al artículo 27 constitucional lo permitió y se hicieron a 30 años, por lo que entre el 2022 a la fecha ya debieron haber concluido su vigencia y esos derechos son los que esa asociación llama anomalías en el riego, ya que si se venció en ese año, ya no debieron haber entrado en el ciclo agrícola 2023.
“El tema es que las personas que están en esos contratos al día de hoy son ya hijos o nietos de la persona que hizo el trámite de renta y hay algunas transmisiones que se realizaron y que han señalado vía judicial que carecen de la normatividad, tanto agraria como por la parte de la Ley de Aguas Nacionales, y es en lo que se está trabajando”, agregó.
En ese contexto, dijo que a la fecha 222 ya fueron devueltos al estatus ejidal, mientras que también hay otros que, por su situación, están en vía judicial en revisión y, en tanto, hay muchos otros donde, a mediación del contrato, se optó por la compra-venta trasladando entre las partes y se transfirieron los derechos definitivos a la propiedad privada.
“Aquí lo importante es que se actualice el padrón de usuarios y les comentó que el Programa Nacional de Tecnificación Parcelaria exige que todos los documentos estén en regla, por lo que la Comisión Nacional del Agua no podrá validar o aceptar algo que no esté bien constituido, por lo que una hectárea de predio o un metro cuadrado de derechos de agua que no tenga su estatus legal no será posible integrar”. Concluyó el funcionario.
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