Por oponerse a cooperar en una festividad de los católicos tradicionalistas, autoridades comunitarias del paraje Pinar Salinas, municipio de Zinacantán, en la región indígena de los Altos de Chiapas, retuvieron y encarcelaron este viernes a 11 personas de fe evangélica, a quienes, además, les exigen el pago de una multa de 100 mil pesos para ser liberadas.
De acuerdo con el testimonio de Antonio Vázquez Méndez, los hechos ocurrieron hoy alrededor de las 11:00 horas del viernes 16 de enero, cuando autoridades de la comunidad, acompañadas de un grupo de personas, irrumpieron en un domicilio particular donde las once personas realizaban un culto familiar.
Te recomendamos
En ese lugar fueron sacados por la fuerza, golpeados junto con otras personas y trasladados a la cárcel comunitaria, donde permanecen retenidos hasta el momento.
“Estamos aquí para pedir la intervención del gobierno del Estado, porque no es justo lo que está pasando. No estamos en los años 70's u 80's, estamos en pleno 2026, y lamentablemente sigue existiendo la intolerancia religiosa”, denunció Vázquez Méndez durante una entrevista realizada a las afueras de la Fiscalía Indígena en San Cristóbal de Las Casas.
El representante evangélico señaló que este hecho no es aislado, sino que forma parte de un conflicto religioso con antecedentes desde al menos 2010, cuando personas que cambiaron de fe fueron golpeadas, encarceladas y privadas de servicios básicos. Además, indicó que desde hace casi cuatro años varias familias evangélicas del paraje viven sin agua, sin luz y sin acceso a la escuela para sus hijos, también enfrentan amenazas de expulsión y de muerte.
“Cuando una familia decide cambiar de fe, lo que hacen es meterlos a la cárcel, cortarles los servicios y presionarlos hasta que se echen para atrás. Pero esta familia se ha mantenido firme, y por eso la persecución ha aumentado”, afirmó.
Vázquez Méndez subrayó que la exigencia de una multa económica carece de sustento legal, ya que, los detenidos no han cometido ningún delito, y aseguró que, aunque las autoridades comunitarias intentan presentar el caso como un asunto no religioso, los hechos ocurrieron durante un acto de culto, lo que confirma —dijo— que se trata de persecución por motivos de fe.
Finalmente, hizo un llamado al gobierno estatal para que intervenga de manera inmediata, garantice la liberación de los 11 evangélicos, ponga fin a la imposición de multas y detenciones arbitrarias, y se respete la libertad religiosa, consagrada en los artículos 24 y 130 de la Constitución. “Queremos vivir en paz, en armonía y con respeto. Que ya no haya más violencia ni expulsiones por motivos religiosos”, concluyó.
LG
