Coahuila se colocó como la tercera entidad del país con mayor número de adolescentes puestos a disposición por corporaciones municipales de seguridad pública durante 2024, mientras que Durango sobresalió por el número de causas penales que llegaron a los tribunales especializados. Sin embargo, detrás de las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), especialistas advierten que el fenómeno no puede analizarse únicamente desde una perspectiva policial, sino como un reflejo de las condiciones sociales, familiares y comunitarias que enfrentan miles de jóvenes.
La segunda edición de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) 2026, presentada por el INEGI con información correspondiente a 2024, ofrece una radiografía nacional del funcionamiento del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA).
El estudio integra información de los censos nacionales de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, sistemas penitenciarios y estadísticas de defunciones para actualizar 48 indicadores relacionados con adolescentes en conflicto con la ley.
El documento permite conocer desde el número de adolescentes puestos a disposición de las autoridades hasta las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías, las causas penales que llegan a los jueces especializados, la ocupación de los centros de internamiento y el contexto en el que se desarrolla la justicia para menores de edad en México.
Coahuila, tercero nacional en puestas a disposición municipales
Uno de los indicadores que más llamó la atención en la región fue el correspondiente a las puestas a disposición realizadas por policías municipales.
Durante 2024, Coahuila registró 7 mil 79 adolescentes puestos a disposición por corporaciones municipales de seguridad pública, cifra que lo ubicó en el tercer lugar nacional, únicamente por debajo de Guanajuato y Aguascalientes.
En contraste, las corporaciones estatales reportaron 210 adolescentes puestos a disposición en Coahuila y 338 en Durango, números considerablemente menores respecto a otras entidades del país.
A nivel nacional, el INEGI documentó 19 mil 641 adolescentes puestos a disposición por policías estatales y 50 mil 560 por policías municipales, lo que evidencia que el primer contacto de los jóvenes con el sistema de justicia ocurre principalmente en el ámbito preventivo y municipal.
Coahuila con más carpetas de investigación
Las cifras de procuración de justicia también colocan a Coahuila entre las entidades con mayor actividad.
La Fiscalía General del Estado inició mil 20 carpetas de investigación relacionadas con adolescentes durante 2024, lo que la ubicó en el décimo lugar nacional. Por su parte, Durango contabilizó 568 carpetas, cifra superior a la registrada por diversas entidades federativas.
Al considerar el tamaño de la población adolescente, Coahuila registró una tasa de 368 adolescentes imputados por cada 100 mil habitantes, la novena más alta del país, mientras que Durango alcanzó 272 por cada 100 mil, ubicándose también entre las entidades con niveles importantes de judicialización.
El informe destaca además que Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México y Jalisco concentraron el 46.2 por ciento de todas las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías estatales especializadas en justicia para adolescentes.
Durango supera a Coahuila en causas penales
En la fase jurisdiccional del sistema, Durango presentó un mayor número de asuntos que llegaron ante jueces especializados.
Durante 2024 ingresaron 145 causas penales en los órganos jurisdiccionales de Durango, mientras que Coahuila reportó 75 expedientes, prácticamente la mitad.
Estas causas representan los procedimientos que avanzan dentro del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y permiten dimensionar la carga de trabajo de los tribunales especializados.
Robo, lesiones y narcomenudeo dominan las estadísticas
El informe del INEGI muestra que el robo continúa siendo el delito con mayor incidencia entre las puestas a disposición realizadas por policías estatales, al representar 40.9 por ciento del total, seguido por narcomenudeo, con 27.5 por ciento.
En las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías, los delitos más frecuentes fueron lesiones, robo, amenazas, abuso sexual y narcomenudeo, reflejando que la mayoría de los procedimientos involucran conductas patrimoniales y agresiones.
En cuanto a las medidas de sanción, el país registró mil 562 ingresos de adolescentes a centros especializados durante 2024. Además, el 64.3 por ciento de quienes cumplían una sanción permanecían bajo medidas de externamiento y el resto en internamiento.
Respecto a la infraestructura, Coahuila reportó una ocupación cercana al 42 por ciento de sus centros de internamiento, mientras que Durango registró una de las ocupaciones más bajas del país, con apenas 3.2 personas por cada 100 camas útiles, indicador que refleja una amplia disponibilidad de espacios.
Las cifras deben analizarse en contexto
Para Fernando Javier Araujo Pulido, sociólogo, investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), los resultados del EPACOL no deben interpretarse de manera aislada ni como un incremento automático de la delincuencia juvenil.
Explicó que Coahuila aparece constantemente en las estadísticas nacionales debido al modelo de seguridad que ha consolidado durante los últimos años, caracterizado por una mayor capacidad de detección, vigilancia y registro de hechos delictivos.
"Hay que entender el contexto donde Coahuila está presente a nivel nacional, sobre todo con lo que implica el llamado modelo Coahuila en materia de seguridad. Es un hecho que ha disminuido la incidencia de delitos como el homicidio relacionado con el crimen organizado; sin embargo, permanecen presentes otros delitos con características distintas".
El académico sostuvo que el elevado número de adolescentes puestos a disposición también refleja que existen problemas estructurales que van más allá de la actuación policial.
“Cuando observamos una dimensión importante en términos de detención de jóvenes adolescentes, implica que de alguna manera las instituciones sociales no están cumpliendo completamente su función. Hablo de la familia, la escuela, las oportunidades laborales y los espacios de desarrollo para los jóvenes”.
El papel de las policías municipales
Araujo Pulido indicó que el predominio de las puestas a disposición realizadas por corporaciones municipales responde, en buena medida, a la naturaleza de los delitos del fuero común y a las estrategias preventivas implementadas por los ayuntamientos.
Explicó que muchos adolescentes son detectados durante recorridos preventivos o revisiones policiales, donde en ocasiones se les encuentran sustancias ilícitas o son identificados por participar en riñas y conflictos comunitarios.
En el caso de Torreón y la Zona Metropolitana de La Laguna, consideró que las riñas continúan siendo uno de los problemas más visibles entre la población juvenil, por lo que sería importante que las estadísticas permitan identificar con mayor precisión las causas que originan estas detenciones.
La prevención, el reto pendiente
Para el especialista, las estadísticas del INEGI deben convertirse en una herramienta para orientar políticas públicas y no únicamente para medir la incidencia delictiva.
Explicó que los gobiernos municipales cuentan con información suficiente para identificar las colonias donde se concentra la mayor cantidad de reportes y construir estrategias focalizadas de prevención.
Recordó que existen experiencias exitosas impulsadas por organizaciones civiles, como los proyectos desarrollados por el Consejo Cívico de las Instituciones en sectores con altos índices de violencia familiar y conflictos sociales, donde se implementan talleres, actividades comunitarias, recuperación de espacios públicos y programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
“Detener el delito es importante, pero no basta. También hay que prevenirlo. Cuando se identifican las zonas de mayor riesgo, se pueden construir rutas de intervención con participación de autoridades, escuelas, organizaciones civiles y vecinos”.
Mientras tanto, el INEGI destacó que la segunda edición de la EPACOL busca consolidar una base estadística que permita evaluar el funcionamiento del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes a diez años de su implementación. La información, señaló el organismo, servirá para fortalecer el diseño de políticas públicas sustentadas en evidencia y mejorar la atención de adolescentes en conflicto con la ley, privilegiando la prevención, la reinserción social y la protección de sus derechos.
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