Alrededor de 250 personas, entre adultos mayores, jóvenes y niños desplazados de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, permanecen refugiadas en la cancha de la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa, Guerrero, donde sobreviven entre el hambre, el miedo y la incertidumbre tras los ataques armados atribuidos al grupo delictivo Los Ardillos.
El comisario de Alcozacán, José Lorenzo Coxihuite Sánchez, lamentó que las autoridades estatales que acudieron este martes a la comunidad no llevaran ayuda humanitaria para las familias desplazadas, quienes desde la noche del sábado 9 de mayo únicamente han podido alimentarse con galletas y agua.
“Necesitamos apoyo inmediato para las familias. No trajeron despensas ni una propuesta clara para quienes quieren regresar a sus pueblos o para quienes buscan salir de sus comunidades”, reprochó el representante comunitario.
Habitantes denuncian desapariciones
Una de las víctimas relató entre lágrimas la angustia que vive desde la desaparición de su esposo.
"A mi papá ya me lo habían matado. Ahora a mi esposo no lo encuentro, se fue a ayudar en las comunidades y no sé si vive o muere. Creo que lo hirieron. No sabemos si están vivos, si pudieron salir. Necesitamos que nos ayuden", expresó.
Las mujeres denunciaron que varios menores quedaron huérfanos tras los ataques y aseguraron que desconocen el paradero de varios habitantes.
"Los niños se quedaron huérfanos. Necesitamos que los encuentren. Hay dos muertos y de los otros no sabemos nada", dijo otra desplazada.
El temor de regresar a sus viviendas permanece entre las familias, quienes aseguran haber huido sin pertenencias, ropa o alimentos.
"Aquí estamos sufriendo. Salimos sin nada, sin ropa. Nuestra casa, nuestros animales, todo se quedó allá. Tenemos miedo de regresar", comentó una mujer.
Piden garantías de seguridad a las autoridades
Este martes se cumplieron cuatro días desde que más de 800 pobladores de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán permanecen fuera de sus hogares debido a los ataques armados y con explosivos lanzados presuntamente por integrantes de Los Ardillos, quienes además mantienen el control de las tres comunidades.
A Alcozacán arribaron autoridades estatales encabezadas por el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros; sin embargo, no acudieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ni la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pese a que el gobierno federal había informado previamente sobre su presencia.
El comisario indicó que las comunidades han solicitado al gobierno federal garantías de seguridad para que las familias se trasladen a Chilapa a comprar víveres.
Hasta las 15:00 horas de este martes, en la zona permanecían cinco camionetas de la Guardia Nacional y cuatro de la Policía Estatal realizando labores de vigilancia.
Acusan bloqueos y corte de energía eléctrica
Habitantes desplazados narraron el terror vivido durante los ataques armados registrados desde el miércoles. Relataron que, además de las agresiones con armas de fuego y explosivos, los delincuentes cortaron el suministro de energía eléctrica y la red de telefonía fija, dejando incomunicadas a las comunidades.
Durante un recorrido realizado en la zona del conflicto, se observó a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizando labores para restablecer el servicio eléctrico.
Asimismo, sobre la carretera del crucero de Los Ajos hacia Ayahualtempa se detectaron varios bloqueos colocados con troncos de pino y piedras, presuntamente instalados por integrantes del grupo criminal para impedir el acceso de vehículos.
ksh
