Con el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso del Estado, uno de los temas que continúa pendiente es la despenalización del aborto, proceso que permanece sin concretarse pese a la resolución emitida por un tribunal colegiado que ordenó modificar el Código Penal de Durango.
La presidenta de la asociación civil 'Sí Hay Mujeres en Durango', Julieta Hernández Camargo, señaló que actualmente existe un resolutivo judicial que obliga al Poder Legislativo estatal a derogar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal, relacionados con la penalización del aborto.
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El antecedente corresponde al amparo en revisión 116/2023, resuelto el 18 de julio de 2025 por el Segundo Tribunal Colegiado del vigésimo quinto circuito. En esa resolución fueron declarados inconstitucionales diversos artículos del Código Penal de Durango y se ordenó al Congreso estatal realizar las modificaciones correspondientes.
Sin embargo, el proceso legislativo no se ha concretado, por lo que explicó que el congreso presentó primero una solicitud de aclaración respecto de la resolución y posteriormente interpuso un recurso de queja, mecanismos que, según la activista, ya fueron atendidos por las instancias correspondientes.
“Tenemos el problema de la despenalización del aborto. Sabemos que el Tribunal ordenó a Durango que se derogaran los artículos que penalizan el aborto. El Congreso metió una herramienta donde solicita aclaración de la sentencia porque, según ellas y ellos, no la entendieron; les contestaron la aclaración y metieron un recurso de queja, el mismo que ya también se resolvió”.
La activista sostuvo que, después de estos procedimientos, la resolución mantiene la obligación de modificar el Código Penal. De acuerdo con antecedentes publicados sobre el caso, organizaciones que promovieron el amparo han señalado que el Tribunal determinó que la orden de derogar los artículos es definitiva.
Por ello manifestó su expectativa de que durante el actual periodo de sesiones el tema sea retomado por los diputados locales y se concrete la modificación legislativa.
La presidenta de la asociación advirtió además que, en caso de que el Congreso no atienda la resolución judicial, las organizaciones que promovieron el amparo podrían recurrir nuevamente a mecanismos legales para exigir su cumplimiento.
Entre las posibles consecuencias de un eventual incumplimiento, Hernández Camargo mencionó la posibilidad de que se promuevan procedimientos que puedan derivar en sanciones económicas para los legisladores, aunque señaló que las organizaciones se encuentran analizando las estrategias jurídicas que podrían utilizar.
“Si no la hacen, pues tenemos que implementar algunos otros recursos. GIRE, que es la organización nacional que promovió este amparo, se está viendo. Desgraciadamente, son temas que tardan mucho, pero sí estamos planeando estrategias para que los diputados pudieran llegar incluso a ser multados”.
El tema también será retomado por organizaciones feministas durante septiembre, particularmente ante la conmemoración, el próximo 28 de septiembre, del Día Internacional por la Despenalización del Aborto.
Adelantó que en esa fecha se realizarán distintas actividades para visibilizar la situación que prevalece en Durango y exigir que avance el cumplimiento de la resolución judicial.
La discusión sobre el aborto permanece así como uno de los asuntos pendientes dentro de la agenda legislativa estatal, mientras las organizaciones que promovieron el amparo mantienen acciones para que se concrete la modificación de los artículos señalados.
El proceso también ha sido objeto de seguimiento público por parte de colectivos feministas, quienes han señalado que la permanencia de los artículos en el Código Penal mantiene vigente un marco jurídico que, según las resoluciones judiciales relacionadas con el caso, debe ser modificado.
daed
