El pago millonario para indemnizar a un particular por el despojo ilegal de un terreno dejó prácticamente en números rojos al municipio de Santa Catarina, sin efectivo para pagar el aguinaldo completo a los funcionarios.
En entrevista telefónica, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco, secretario del Ayuntamiento, informó ayer que el municipio que encabeza Víctor Pérez Díaz pagará los "platos rotos" por el presunto desacato cometido durante la administración del ex alcalde Gabriel Navarro.
El funcionario informó que propondrán al vecino identificado como Francisco Adell Blade el pago a plazos del resto de los 41.5 millones de pesos en lo que resta de la administración.
"Estamos uniendo fuerzas para contactar con la parte actora, dado que en el aplazamiento el monto a pagar podría ser dividido en los meses que restan de la administración, (ya que) si nos obliga a pagar el total, para empezar no tenemos recursos.
"Encontramos que el monto de esta demanda equivale al pago de un año 8 meses de alumbrado público, y dos años y fracción de recolección de basura, para que te des la idea del tamaño del agujero", dijo Orozco Ruiz Velasco.
Afirmó que se están haciendo esfuerzos para sacar el municipio adelante, por lo que pagarán a los que menos ganan y a los sindicalizados, no así a los coordinadores, directores y secretarios, parte de la planta laboral de 2 mil 500 trabajadores, a quienes se les pagará en partes.
"Debieron de haber pagado (la administración anterior); si no, no estuviéramos en estas condiciones, eso es precisamente lo que van a fallar en la Suprema Corte de Justicia sobre ese desacato a un juez de distrito.
Ayer se informó que Pérez Díaz blindó su cargo para evitar su destitución como alcalde con la entrega de dos cheques por 26.6 millones de pesos para resarcir la invasión de una propiedad por parte del municipio en el trienio de Alejandro Páez Aragón.
El secretario de Ayuntamiento manifestó que el pago de 25 millones de pesos hecho el martes pasado no fue para evitar la destitución del alcalde, sino dar cumplimiento a una orden de la autoridad federal tras el desacato de 2011.
