Las deportaciones de mexicanos por Tamaulipas aumentaron 37% en el primer bimestre del año respecto al mismo periodo de 2025, al pasar de 7 mil 338 a 10 mil 034 casos.
Especialistas advierten que, pese al endurecimiento de medidas como la instalación de boyas en el río Bravo frente a Matamoros, el flujo migratorio no se detendrá, sino que se volverá más riesgoso y podría derivar en más muertes.
En enero y febrero de 2026, el estado concentró el 34.8% de las repatriaciones del país, con lo que se mantuvo como el principal punto de retorno en la frontera norte, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
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A nivel nacional, se registraron 28 mil 833 deportaciones en ese periodo. Detrás de Tamaulipas se ubicaron Chihuahua (5 mil 094), Coahuila (3 mil 406), Sonora (3 mil 275) y Baja California (3 mil 124). Chiapas (2 mil 054) y Tabasco (1 mil 846) también aparecen en las estadísticas, aunque en estos casos se trata de repatriaciones al interior del país por acuerdo binacional.
En la entidad tamaulipeca, la mayoría de las devoluciones fueron por el puente Puerta México (Matamoros II), con 9 mil 002 casos, seguido de Reynosa-Hidalgo y los cruces Benito Juárez I y II, con 554, y Nuevo Laredo II “Juárez-Lincoln”, con 478.
Boyas, más riesgo, no menos migración: especialista
La instalación de boyas en el río Bravo, frente a Matamoros para inhibir el cruce irregular no detiene los flujos migratorios, sino que los desplaza hacia zonas más peligrosas, incrementando el riesgo para quienes intentan cruzar, advierten especialistas. En el primer bimestre del año, más de 10 mil mexicanos fueron deportados a través de Tamaulipas.
“El patrón no es nuevo, cada vez que se refuerza un punto de cruce, las rutas migratorias se reconfiguran hacia espacios con menor vigilancia o mayor dificultad geográfica. En el caso del río Bravo, esto implica empujar a las personas hacia tramos más profundos, con corrientes más fuertes o condiciones más inestables, donde aumenta la probabilidad de accidentes y muertes por ahogamiento”, apuntó Oscar Misael Hernández Hernández, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte.
El docente del Colef señaló que a diferencia de una frontera terrestre, el río introduce un factor adicional de incertidumbre. Su comportamiento es cambiante, varía el caudal, la velocidad de la corriente y la profundidad. “Intentar fijar ese espacio mediante estructuras rígidas no elimina el cruce, pero sí eleva los peligros asociados”.
Sostuvo que a esto se suma la capacidad de adaptación de las redes de tráfico de personas, que ajustan sus rutas ante cada nuevo obstáculo. El resultado, aseveró, es una dinámica constante de acción y reacción que mantiene abierta la posibilidad de cruce, aunque en condiciones cada vez más precarias.
“El saldo es claro, mayor clandestinidad, trayectos más largos y un incremento en la vulnerabilidad de los migrantes. Las boyas no atienden las causas estructurales del fenómeno —violencia, pobreza, reunificación familiar— y, por tanto, difícilmente reducirán los flujos”, apuntó el sociólogo y antropólogo social.
En este contexto, Hernández Hernández añadió que la medida apunta más a una lógica de disuasión simbólica que a una solución efectiva, pero con un efecto tangible, elevar el costo humano en una frontera que ya es, de por sí, altamente riesgosa.
Barrera acuática frente a Matamoros
La instalación de boyas flotantes en el río Bravo es visible frente a la zona urbana de Matamoros, donde se han ensamblado estructuras que formarán parte de una barrera acuática impulsada por autoridades de Estados Unidos.
Personal de una empresa privada integró columnas de boyas de entre 1.2 y 1.4 metros de diámetro, con el objetivo de acelerar su colocación en el cauce del río, en el tramo de Matamoros que colinda con Brownsville, Texas. En días pasados se reactivó una nueva fase del proyecto.
Las boyas son cilindros de gran tamaño que permanecen a flote, unidos entre sí y anclados al fondo, formando una barrera continua diseñada para dificultar el cruce de personas en situación migratoria irregular, así como el traslado de sustancias ilícitas. Además, cuentan con sensores de movimiento que permiten alertar a elementos de seguridad fronteriza ante cualquier intento de cruce.
En la frontera de Matamoros se contempló la instalación de hasta 200 kilómetros de estas estructuras, como parte de una primera etapa de 800 kilómetros a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos.
La colocación de este sistema es parte de una estrategia más amplia de la Patrulla Fronteriza para reforzar la vigilancia en zonas de alto flujo migratorio que inició desde finales de 2025 y durante 2026 se ha intensificado, particularmente en este tramo del norte de Tamaulipas.
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SJHN
