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Jueves , 21.03.2019 / 13:13 Hoy

Denuncian existencia de 30 pedreras clandestinas

La organización Únete Pueblo detectó 65 empresas extractoras en el estado, pero el Gobierno Estatal solo tiene los expedientes de 35.

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Rocío Montalvo, integrante del colectivo Únete Pueblo, aseguró que existen 30 pedreras clandestinas en el estado, pues de las 65 empresas detectadas que operan en Nuevo León, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) solo cuenta con 35 expedientes de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), que permite su instalación y trabajos.

Esto significa que el 46.15 por ciento de las compañías operan en la clandestinidad.

MILENIO Monterrey dio a conocer el 27 de febrero de este año que al menos 13 pedreras se encontraban en situación irregular, ya que la Secretaría de Desarrollo Sustentable informó el 16 de octubre del 2016 mediante un comunicado que eran 48 empresas en el estado.

Sin embargo, Montalvo aseguró que la cifra es mayor, pues información de la Asociación de Extractores de Caliza de Nuevo León (Asaec) reveló que en realidad son 65 empresas de este giro.

“De acuerdo a la información que obtuvimos, existen 65 pedreras de acuerdo a la Asaec, de las cuales existen solo 35 expedientes MIA. La Secretaría ha estado trabajando con opacidad desde octubre de 2016 que inició inspecciones, no ha hecho públicos los resultados de éstas”, mencionó la activista.

“Existe registro de ingreso de 35 Manifestaciones de Impacto Ambiental Modalidad Industrial presentados por los extractores de caliza, dichos estudios se encuentran en diversas etapas de su evaluación”, refirió un documento de la Sedesu en posesión de MILENIO Monterrey.

Además de la opacidad en la situación jurídica de dichas plantas, tampoco se establece piso parejo en las inspecciones que realiza la Sedesu, acusó Rocío.

Lo anterior debido a que cuando la Secretaría anunció el pasado 2 de mayo la clausura de seis pedreras en el área metropolitana, Únete Pueblo realizó inspecciones y encontró que a otras tres extractoras de caliza, que operaban en las mismas condiciones, no se les clausuró.“Detectamos que pasaron por alto a tres empresas extractoras de caliza que gozan de privilegios por esta administración: Incasa, ubicada en García; San Ángel, en Santa Catarina y Triturados El Roble, en Escobedo. Todas estas ubicadas en el área metropolitana de Monterrey, que se encuentran en las mismas condiciones que las clausuradas, (pero) no fueron suspendidas”, mencionó .

En el caso de las pedreras que se ubican en municipios rurales la situación es más preocupante, dijo, pues algunas de ellas como Matrimar, en Cerralvo, se localizaban en áreas naturales protegidas o buscaban ampliarse sin permiso; también Triturados y Explotación de Caliza, en Hidalgo, que no cumplía con las condicionantes del MIA.

Finalmente Montalvo expuso que no importa que la Sedesu afine la norma definitiva contra pedreras, pues ninguna ley será suficiente si se sigue actuando con opacidad.

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