Octavio Paz afirmaba que "la democracia es ante todo cultura: algo que se aprende y se practica hasta convertirse en hábito y en segunda naturaleza". Así, el Nobel mexicano sintetizó la relación entre dos conceptos de gran estatura y puso el énfasis en la existencia de un binomio indisoluble.
Entendemos que la salud de una democracia depende en gran medida de la fortaleza de su cultura, y viceversa. La sana relación entre cultura y democracia potencializa los derechos individuales y colectivos en las sociedades. Una democracia que tiene en alta estima su cultura, hace más robusta la reflexión de sus ciudadanos. Una sociedad que tiene acceso a instituciones educativas y culturales de calidad, es una sociedad en donde sus integrantes conocen sus derechos y los ejercen en plena libertad. De ahí que la cultura se vuelva parte imprescindible de la agenda pública.
En 1905 fue creada la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, bajo el ideario de Justo Sierra. Dicha Secretaría desapareció en 1917, al entrar en vigor nuestra ya centenaria Constitución. El resto del siglo XX la educación siguió ocupando un lugar principal en el organigrama oficial, pero la cultura fue relegada a un segundo plano; ese descuido oficial no impidió que la actividad cultural siguiera su curso natural. Un siglo después, surge la Secretaría de Cultura a nivel federal, instancia que, según la iniciativa presentada por el Presidente de la República, busca reforzar la agenda en materia cultural mediante una redefinición de la rectoría del Estado en ese campo y una más amplia repercusión de las políticas culturales en el ámbito social.
Al ser México un país federalista, se hace indispensable que la iniciativa del Presidente encuentre eco en todas las entidades federativas. Y me parece un momento adecuado para reflexionar sobre este punto en particular. Como sabemos, en el horizonte electoral de 2016, es decir, en lo inmediato, se encuentra el cambio de gobernador en trece entidades, de las cuales sólo siete cuentan con Secretarías de Cultura: Colima, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz. Habrá que ver si la agenda de las y los aspirantes en los seis estados restantes (Aguascalientes, Durango, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas) contempla elevar en esa medida las políticas públicas culturales.
Pero, más allá de la creación formal de una instancia de gobierno, federal o estatal, encargada de preservar y difundir los bienes culturales, debemos preguntarnos qué se requiere para dotar de una mayor repercusión social a las políticas culturales. Para contestar debemos partir de una premisa olvidada: las políticas públicas en materia cultural conciernen a gobierno y sociedad en su conjunto. Es tan erróneo suponer que sobre cultura sólo pueden opinar los creadores artísticos y académicos, como que el diseño de una política cultural es responsabilidad exclusiva del gobierno. Por ello insisto en que este es un momento crucial para incluir en serio la cultura en los programas de campaña de los candidatos en los trece estados que renovarán gobernador, porque a partir de esos planes se diseñarán posteriormente sus políticas públicas. Esto es, que en las campañas políticas se debatan las acciones en materia cultural de cada partido o candidato independiente, para que la ciudadanía en los estados en que habrá elecciones, al elegir sepa lo que le espera en cada caso. Hoy, la sociedad tiene la oportunidad de exigir a partidos políticos y candidatos, que la cultura forme parte de sus programas de campaña. Nuestra Constitución señala, en su artículo 41, diversas obligaciones y funciones a cargo de los partidos políticos para ligar la cultura con la promoción de participar en la vida democrática del país, así como de contribuir a la integración de los órganos de representación política. La cultura debe ser considerada como una de las apuestas prioritarias en nuestro país, ya que, tarde o temprano, repercutirá indudablemente en el fortalecimiento del tejido social.
La sociedad no puede mirar hacia otro lado cuando los candidatos hacen promesas de campaña y los gobernantes diseñan políticas públicas. Todos los días nos despertamos con acciones de gobierno en materia cultural que resultan cuestionadas por importantes sectores sociales. Un ejemplo contundente, el malogrado Centro de Convenciones en la ciudad de Oaxaca. ¿Hasta cuándo vamos a entender que toda acción de gobierno requiere, en su diseño, de la participación libre y real de la comunidad, para estar dotada de viabilidad y legitimidad?
Al inicio de este artículo dije que una democracia que tiene en alta estima su cultura, hace más robusta la reflexión de sus ciudadanos. Por ello, debemos exigir a nuestros candidatos menos spots y más debates. Debemos lograr que dichos debates sean transmitidos en tiempo real por las redes sociales, y que los temas y preguntas a abordar no las formulen ellos mismos, sino los ciudadanos. Debemos pedirles que suscriban compromisos claros y concisos en temas vitales, como la cultura. Porque la cultura es un bien y un derecho que da vigencia real a muchos otros.
