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Lunes , 25.03.2019 / 00:02 Hoy

Corte ampara a universitaria de Michoacán para no pagar inscripción

María Cárdenas, alumna de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, impugnó el pago de 420 pesos bajo el argumento de que el gobierno estatal firmó un convenio para la enseñanza gratuita.

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a María Cárdenas Alvarado, estudiante de biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para que no pague la cuota de inscripción que exige esa institución.

La joven impugnó el pago de 420 pesos del ciclo escolar febrero-agosto 2014, bajo el argumento de que en 2010, el gobierno de Michoacán firmó con esa casa de estudios un convenio para implementar la enseñanza gratuita en los niveles medio superior y superior.

Sin embargo, la administración michoacana no renovó el acuerdo en los ciclos 2012-2013 y 2013-2014, además de que dejó de entregar los recursos para ese fin, por lo que se reinició el cobro de cuotas en 2014.

La Sala estableció que el gobierno de Michoacán debe cumplir con la constitución estatal que establece la gratuidad de la educación pública, hasta el nivel superior.

Cárdenas Alvarado impugnó la constitucionalidad del Acuerdo del Consejo Universitario a través del cual determinó que a partir del ciclo escolar de 2014, los alumnos que cursarán la educación media superior y superior deberían cubrir las cuotas de inscripción o reinscripción correspondientes en sus respectivas escuelas y facultades.

La estudiante estimó que el acuerdo violenta en su perjuicio el derecho humano a la educación y el principio de progresividad, puesto que el artículo 138 de la Constitución del Estado de Michoacán establece que la educación superior que imparta el Estado de Michoacán será gratuita, y el artículo 1 de la Constitución Federal contiene el deber de respetar los derechos humanos de conformidad, entre otros, con el principio de progresividad.

La Primera Sala amparó a la estudiante en cuestión, toda vez que los actos reclamados violaron su derecho humano a la educación previsto en el artículo tercero de la Constitución Federal y desarrollado por el artículo 138 de la Constitución del Estado de Michoacán, así como el principio de progresividad, porque las autoridades responsables no demostraron fehacientemente la ausencia de recursos económicos para garantizar la gratuidad de la educación superior impartida por el Estado de Michoacán, ni que hubieran realizado todos los esfuerzos posibles para obtenerlos.

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