En el periodo en el que el coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro, funge como presidente de la mesa directiva del Congreso de Jalisco, el pleno del Poder Legislativo aprobó en sesión extraordinaria como procedente la incoación de dos juicios políticos en contra del magistrado Alberto Barba Gómez, presidente de la sexta sala unitaria del Tribunal de lo Administrativo (TAE).
Esto ocurrió tras las solicitudes de juicio político que promovieron en forma separada los alcaldes de Guadalajara Enrique Alfaro y de Zapopan Pablo Lemus. Con 35 votos a favor de los diputados presentes en la sesión extraordinaria celebrada la tarde de este jueves, se iniciará el proceso para verificar si el acusado es culpable en su desarrollo como funcionario público y así definir si este es destituido o inhabilitado de su cargo.
"Existe un plazo para hacer la notificación correspondiente a las partes y que puedan ellas comparecer por escrito y luego se dará también la fecha en la que tendrá que hacerse este análisis. Esta sesión de juicio político en las partes donde deben comparecer y se podrá estar resolviendo. En ese sentido, estamos hablado de cinco días para ser notificados y hasta 45 días para que se pueda estar resolviendo", explicó la diputada Pilar Pérez Chavira, presidenta de la Comisión de Responsabilidades.
Fueron dos solicitudes de juicio político en contra de Alberto Barba. El primero se presentó el viernes 5 de julio de 2016 por parte del alcalde Pablo Lemus y el ciudadano Harold Dutton. Esta derivada al detectarse la comisión de delitos en la administración de justicia al momento en la que el magistrado otorgó licencia para una edificación de ocho niveles y 24 viviendas en el inmueble ubicado en la calle Miguel de Unamuno, esto en la colonia Jardines Universidad.
Luego, el 17 de agosto fueron el presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro y Ana Bárbara Casillas quienes presentaron una solicitud de juicio político tras 36 procedimientos de afirmativas fictas, que fueron emitidas por Alberto Barba durante el periodo de 2012 y 2015 para otorgar resoluciones que tienen que ver con permisos y licencias de construcción, gasolineras y servicios de anuncios de espectaculares.
Precisamente, los presidentes Pablo Lemus y Enrique Alfaro estuvieron presentes durante la sesión extraordinaria en la que los diputados aprobaron la incoación del juicio político, es decir, el proceso para que las partes denunciantes y el denunciado puedan presentar pruebas y luego se desarrolle un juicio.
Alfaro Ramírez dijo que "el día de hoy en este recinto se ha dado un paso muy importante para enfrentar uno de los males más terribles que tiene nuestra ciudad que es la impunidad. La impunidad que genera corrupción, la impunidad que ha lastimado Guadalajara, la impunidad que ha permitido que desde los poderes públicos del estado se violenten el estado de derecho y se violente el interés general de los tapatíos".
Por su parte, la solicitud de juicio de procedencia solicitado en contra de Alberto Barba fue notificada ante el Pleno del Congreso en sesión ordinaria. Este fue turnado a la Comisión de Responsabilidades para su revisión. Este fue presentado el seis de marzo por el fiscal general Eduardo Almaguer y el secretario general de Gobierno Roberto López Lara.
La Comisión de Responsabilidades aprobó este jueves la incoación de juicio político en contra de Aristeo Mejía Duran, director general del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Esto derivado al incumplimiento para pagar una indemnización por la muerte de una persona a falta de mantenimiento a alcantarillado.
Además, fueron radicados una solicitud de juicio político en contra del presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro y otra con el fiscal general Eduardo Almaguer.
ASUNTOS CONTROVERTIDOS DE ALBERTO BARBA
El magistrado otorgó licencia para una edificación de ocho niveles y 24 viviendas en el inmueble ubicado en la calle Miguel de Unamuno, esto en la colonia Jardines Universidad.
36 procedimientos de afirmativa ficta entre los que se encuentran casos como el Motel Mezquitán, algunas torres de vivienda vertical, la demolición de una finca catalogada como de valor artístico relevante y otros casos en colonias como Colinas de San Javier, Chapalita, Mezquitán, Monraz, Country y Colomos.
Se otorgó licencia para demoler la finca Guadalupe 1001, catalogada con valor artístico.
En avenida Patria autorizó la instalación de una agencia automotriz a pesar de que el terreno se encontraba en juicio de lesivilidad.
Ordenó el cambio de uso de suelo en la calle Mar Mediterráneo 1069 en el que se construyeron 21 pisos de un edificio.
GPE
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