El Congreso mexiquense reformó diversas leyes estatales para eficientar el proceso legislativo y diversos procedimientos que se llevan a cabo al interior de este Poder, entre los cuales se encuentra el juicio político, la figura aplicable a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones.
Dentro de las reformas aprobadas a la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, se dispone que corresponde a la Legislatura iniciar el juicio político, constituyendo en sección instructora.
Una vez constituida, la Comisión de Examen le turnará directamente el asunto con el expediente que al efecto se haya integrado.
Esta comisión verificará si las denuncias colman los presupuestos procesales indispensables o si su improcedencia es manifiesta e indudable, de modo tal que no sea justificable darle trámite y, por tanto, deba ser desechada de plano.
Asimismo, la Legislatura avaló eficientar el trabajo parlamentario. Se incluye la posibilidad de que la Jucopo acuerde sesiones solemnes, y se reduce de 48 a 24 horas el plazo para convocar a periodos extraordinarios y las votaciones para integrar la Directiva que serán propuestas por la misma.
También se fortalecen las comisiones, al permitir que personas diputadas asociadas participen activamente en su conducción en secretarías o presidencias en las reuniones que celebren, cuando así lo determine la propia comisión.
Reglamento del Inesle
El Pleno del Congreso expidió el Reglamento Interno del Instituto de Estudios Legislativos del Poder Legislativo del Estado de México (Inesle), para actualizar su organización y fortalecer su funcionamiento orientado a la profesionalización, capacitación y formación de especialistas, principalmente en materia parlamentaria.
Por ello se impulsa una reconfiguración orgánica que permita reorientar, con mayor eficiencia, las capacidades del instituto para optimizar el acompañamiento técnico al Congreso y consolidarlo como puente sólido entre la academia y el servicio público, en beneficio de la labor legislativa.
