Una jueza federal ordenó la libertad de Felipe de Jesús Díaz Gómez y de Ricardo Mendoza Cerón, conductor y jefe de despachadores, respectivamente, del Tren Interoceánico, tras decretar el sobreseimiento de la causa penal iniciada en su contra por la muerte de 14 personas.
Diana Isabel Ivens Cruz, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Cintalapa, Chiapas, decretó la inmediata libertad tras aprobar la reparación integral del daño a las víctimas afectadas por el accidente suscitado el 28 de diciembre de 2025, cuando el tren se descarriló en Nizanda, Oaxaca.
La decisión de la juzgadora cerró el caso, por lo que los dos trabajadores abandonaron el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS), número 14, conocido “El Amate”.
Víctimas reciben reparación integral del daño
El 8 de abril, Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que las personas agraviadas optaron por concluir el conflicto a través de la justicia alternativa, lo que implicó la firma de acuerdo reparatorio con la empresa.
“Hasta ahora, 145 personas, es decir, 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes, han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño, con lo que se genera la consecuente extinción de la acción penal”.
La fiscal explicó que estos acuerdos contemplados en la Constitución y en la ley ofrecen siempre una opción más eficaz y menos desgastante para las víctimas, a fin de que puedan obtener la reparación integral del daño, accediendo a medidas que compensen la afectación.
¿De qué se les acusaba?
Tanto el conductor como el jefe de despachadores fueron vinculados a proceso el 29 de enero del presente año por los presuntos delitos de homicidio y lesiones culposas, por el descarrilamiento del tren, debido al exceso de velocidad con que era conducida la máquina.
Sin anomalías en los elementos de la vía
Según la titular de la FGR, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras seis auditorías y cinco expedientes de investigación ya concluidos, por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, relativos a 41 contratos públicos relacionados con la vía, adquisición del material moviente y el mantenimiento a ambos, en todos los casos no hubo observaciones penales que denunciar por ambas dependencias.
Además, añadió que con las diligencias ministeriales y periciales en materia de ingeniería y arquitectura, topografía y seguridad industrial, se corroboró que la calidad de los elementos de la vía en el punto del siniestro y de las condiciones de las locomotoras y vagones cumplen con la norma aplicable.
ksh
