La comunidad trans enfrenta desde hace años un fenómeno de falta de reconocimiento social, sus integrantes son víctimas de segregación, al grado de que, en algunos casos, son orillados a vivir en condiciones de indigencia y, en otros, a ejercer el trabajo sexual. Esta situación se relaciona, entre otros factores, con la falta de legislación sobre identidad de género, una demanda que los activistas de la diversidad sexual han impulsado de manera constante.
En Durango, es uno de los sectores de la diversidad sexual que enfrenta mayores agresiones. De acuerdo con los propios activistas, algunas personas tienen que emigrar de sus comunidades de origen, particularmente cuando viven en municipios del interior del estado. Ahí comienza un proceso de desgaste, pues enfrentan dificultades para conseguir empleo debido a su identidad de género, hasta llegar, en algunos casos, al trabajo sexual, una actividad en la que también se encuentran expuestas a situaciones de violencia, como ocurrió hace un par de semanas con Scarlett.
A partir de este caso comenzó una serie de protestas para exigir que los legisladores locales retomen iniciativas pendientes sobre temas como la identidad de género, los crímenes de odio y el transfeminicidio.
La situación también permitió visibilizar las condiciones que enfrentan las personas trans, desde la necesidad de abandonar sus lugares de origen hasta las dificultades para encontrar oportunidades laborales. Tal fue el caso de Scarlett, quien dejó el municipio de San Dimas para trasladarse a la ciudad de Durango.
De acuerdo con integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, incluso en las ciudades las personas trans enfrentan obstáculos para conseguir un empleo que les permita subsistir. Esta situación incrementa su vulnerabilidad y, en ocasiones, las orilla a desempeñar actividades que las ponen en riesgo, como ocurrió con Scarlett.
Tadeo Campagne, activista de los derechos de la diversidad sexual, dio a conocer que, a través de la atención que se brinda en Casa Arcoíris, han recibido a personas trans en condición de calle, debido al rechazo y la segregación que enfrentan en distintos ámbitos de la sociedad.
“El no tener acceso laboral, a educación, en muchos sentidos. Pero bueno, entendamos, dentro de un grupo marginado, es el grupo más marginado. Son las primeras personas que se quedan sin familia, normalmente. Es un ejemplo: en Casa Arcoíris, de 279 usuarios que hemos recibido en dormitorio, más del 60 por ciento son de la comunidad trans, y te habla de un dato importante: son de las personas que más rechazo sufren, desde la familia”.
Otro de los aspectos mencionados por el entrevistado es que algunas personas trans han llegado a solicitar ayuda a este espacio con la misma ropa que llevaban puesta cuando fueron expulsadas de sus hogares.
“Hemos recibido personas trans en indigencia, no llegan a la indigencia, hemos recibido personas trans en indigencia con lo que traían puesto el día que los sacaron de su casa. Y sin comer. Al final sí existe esta realidad”.
Por su parte, Julieta Hernández Camargo, presidenta de la organización Sí Hay Mujeres en Durango, consideró que el caso de Scarlett debe investigarse como feminicidio, pues, aunque se trate de una mujer trans, debe abordarse mediante el protocolo correspondiente.
La activista señaló que existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establece que los asesinatos de mujeres trans deben investigarse bajo el protocolo de feminicidio, sin establecer un trato diferenciado respecto a otras mujeres. Por ello, consideró que en Durango debe procederse de esa manera.
“Sobre el tema de la mujer trans, quiero comentar algo, porque se ha estado manejando muy mal. El asunto de la mujer trans tiene que ser juzgado como feminicidio. Voy a dar una explicación: en Durango no está tipificado el transfeminicidio. Y yo oí por ahí que los van a tipificar como homicidio, pero eso no es así. Hay una acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice que en el caso de los feminicidios de las mujeres trans, no tienen por qué ser tratadas diferente a cualquier otra mujer que se juzgará a través del protocolo de feminicidio”.
Por su parte, el regidor de Durango, Alan Espinosa de la O, señaló que existe una forma de invisibilización social y política de las personas trans, que limita sus posibilidades de incorporarse al ámbito laboral y las deja en condiciones de vulnerabilidad.
“Es una situación bastante difícil y compleja, en el sentido de que no pueden acceder a los derechos más básicos. El simple hecho de no tener acceso a una identidad, y esa es la primera lucha que se está dando en el Congreso del Estado. Hay que decirlo: a pesar de que esta situación va hacia allá, no podemos dejarla fuera del municipio. Mientras el municipio se cuestiona si la identidad es válida o no, los ciudadanos están viviendo segregación y violencia allá afuera, en el trabajo, en las cuestiones de salud”.
Explicó que la falta de reconocimiento del derecho a la identidad limita las posibilidades de desarrollo de las personas trans, incluso para acceder a un empleo formal. Señaló que, como ocurrió en el caso de Scarlett, el trabajo sexual puede convertirse en una de las pocas alternativas para subsistir, aunque no necesariamente sea una actividad que deseen desempeñar.
“¿Qué es lo que pasa con las personas trans? Terminan siendo empujadas a tener un trabajo sexual, que seguramente no lo quieren. O trabajos que ya han sido como bien establecidos por la sociedad: ‘tú vas acá’. Es algo bastante complejo. Y lo peor, como en el caso de Scarlett, que terminan asesinadas”.
En este contexto, Espinosa presentó ante el Cabildo una iniciativa para reformar el artículo 37 del Bando de Policía y Gobierno de Durango, con el propósito de armonizarlo con la Constitución Política del Estado y fortalecer el reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual.
La propuesta plantea que el reglamento municipal incluya expresamente la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales entre las condiciones por las que ninguna persona debe recibir un trato desigual. También propone actualizar el uso del término “preferencia sexual”, al considerar que no describe con precisión la orientación sexual y puede reforzar prejuicios.
Espinosa explicó que las normas municipales deben reflejar las realidades de todas las personas y ofrecer claridad a quienes tienen la responsabilidad de aplicarlas. La falta de conceptos explícitos, expone la iniciativa, puede dejar sin reconocimiento suficiente a las personas trans, no binarias e intersexuales y abrir espacios a interpretaciones discriminatorias.
“Actualizar el Bando significa dar un paso para que el respeto a la dignidad y a los derechos humanos también se refleje en las reglas que rigen la vida cotidiana del municipio”, señaló el regidor.
La iniciativa se sustenta en la reforma al artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Durango, aprobada mediante el Decreto 294, que incorporó esas categorías en la prohibición de discriminación. El planteamiento busca que la reglamentación municipal utilice los mismos conceptos y mantenga coherencia con el marco constitucional.
El proyecto propone reformar el artículo 37 del Bando y establece que, en caso de ser aprobado, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.
Finalmente, Alan Espinosa llamó a que la propuesta sea analizada con apertura y con la participación de las personas y colectivos involucrados, con el objetivo de avanzar hacia un municipio donde todas las personas sean tratadas con igualdad y respeto.
cale