Por primera vez, los recursos que el gobierno federal transfiere a los estados para fortalecer a sus policías y fiscalías podrían rebasar los 10 mil millones de pesos, según se establece en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2027.
En el documento, entregado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, se proponen 10 mil 447.9 millones de pesos para este fondo, un incremento de casi el 32 por ciento respecto a lo que se aprobó para el ejercicio fiscal de 2014.
El aumento se propone en un contexto en el que la reducción de los índices delictivos se atribuye al despliegue de las fuerzas federales y desde Palacio Nacional se ha pedido que las entidades asuman su papel para mantener esta reducción sostenida.
Según el reporte del gabinete de Seguridad, los homicidios se han reducido 53 por ciento, al pasar de tener un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de este año, lo que representa también 46 homicidios menos al día.
Fortalecimiento de policías y fiscalías, clave para sostener esfuerzo federal
La caída se ha explicado, oficialmente, por la consolidación de la Guardia Nacional y el fortalecimiento de las áreas de inteligencia e investigación, dos de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad.
Sin embargo, especialistas como David Saucedo han insistido en que ese esfuerzo federal no puede sostenerse sin fortalecer a las policías y fiscalías estatales y municipales, las cuales operan a diario la prevención del delito, la investigación local y la reinserción social, justo el uso que la Ley de Coordinación Fiscal da al FASP.
Una revisión realizada por MILENIO arroja que, entre 2014 y 2027, el FASP pasó de 7 mil 921.6 a 10 mil 447.9 mdp, un incremento acumulado de 31.9 por ciento en 14 años.
Aumento durante sexenio de AMLO
En ese periodo, el FAS ha tenido altibajos. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el fondo se redujo. Entre 2014 y 2018, el fondo registró una caída acumulada de 11.6 por ciento. El golpe más fuerte fue en 2016, cuando el fondo se recortó 14.54 por ciento en un solo año.
Los siguientes dos años, 2017 y 2018, el monto se mantuvo congelado en 7 mil millones de pesos, sin ningún incremento.
Con Andrés Manuel López Obrador se registró el mayor aumento de toda la serie. De 2019 a 2024, el FASP pasó de 7 mil 210 a 9 mil 210.9 mdp, un crecimiento acumulado de 27.7 por ciento en el sexenio.
Dentro de ese periodo destaca 2023, cuando el fondo tuvo un salto de 10 por ciento, el incremento anual más alto registrado desde 2014, superando incluso los aumentos aprobados en los primeros años de la actual administración.
Fondo crecerá 4.99% en 2027
Con Claudia Sheinbaum, la tendencia al alza se sostiene. En sus dos primeros presupuestos aprobados (2025 y 2026), el fondo creció 3.85 por ciento y 4.03 por ciento, respectivamente, y para 2027 la propuesta de Hacienda plantea un aumento de 4.99 por ciento, el mayor de su gobierno hasta ahora y el que finalmente llevaría al fondo a superar, por primera vez, los 10 mil millones de pesos.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) es uno de los ocho fondos del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios".
Su objetivo, fijado en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, es transferir recursos federales a las 32 entidades para cumplir estrategias nacionales de seguridad pública.
El monto total se fija cada año en el Presupuesto de Egresos. Ya aprobado, el Consejo Nacional de Seguridad Pública establece los criterios y la fórmula de reparto entre entidades, con base en población, ocupación penitenciaria, avance del sistema de justicia penal y desempeño en el ejercicio de recursos previos, conforme al mismo artículo 44.
El SESNSP firma con cada estado un Convenio de Coordinación y un Anexo Técnico donde se detallan los proyectos de inversión que financiará el fondo.
El artículo 45 de la Ley limita el uso del FASP a rubros específicos: reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos de seguridad; percepciones extraordinarias para agentes del Ministerio Público, peritos y policías; equipamiento; la red nacional de telecomunicaciones e informática y el servicio telefónico de emergencia.
También se puede usar para la construcción, mejora o ampliación de instalaciones para procuración e impartición de justicia y centros de readaptación social; y seguimiento y evaluación de los programas.
El SESNSP agrupa estos usos en Programas con Prioridad Nacional: profesionalización policial, equipamiento e infraestructura, tecnologías de información y prevención social de la violencia, entre otros.
En la práctica, esto se traduce en compras y obras concretas. Por ejemplo, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2020 el destino más importante del FASP a nivel nacional fue "Equipamiento e Infraestructura de los Elementos Policiales", con 3 mil 755 millones de pesos pagados, más de la mitad del fondo ejercido ese año, usados típicamente en patrullas, uniformes, armamento reglamentario y equipo de protección para policías estatales.
Otro ejemplo es el programa "Profesionalización, Certificación y Capacitación", que pagó 638 millones de pesos en 2020, con los que los estados financiaron cursos de formación de policías, fiscalías y personal penitenciario, además de las evaluaciones de control de confianza que exige la certificación policial.
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ksh
