Colectivos coahuilenses de búsqueda de desaparecidos externaron su preocupación ante cambios vistos en la Fiscalía General de la República (FGR) y que podrían alcanzar hasta los ministerios públicos que llevan los casos de sus familias.
Silvia Ortiz, vocera del grupo VIDA, refirió que con la llegada de Ernestina Godoy a la fiscalía ya hubo cambios de persona en otras áreas y tienen conocimiento de que vienen más.
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“Dentro de los cambios que ha hecho la Fiscalía General de la República con la entrada de Ernestina, nos están indicando que vienen cambios que no queremos, que nos van a quitar a los ministerios públicos para poner a su gente de confianza. Para la gente de larga data es lo peor que nos pueden hacer”.
Indicó que para impedir movimientos, los colectivos y familias han hecho llegar escritos directamente a la nueva Fiscal General.
“Se han estado mandando escritos para que no hagan cambios, pues en primera no conocemos a los nuevos que van a entrar y de aquí a que lean los expedientes, eso es un grave retroceso para nosotros”.
Destacó que la FGR arrastra diversos problemas centrados en la falta de presupuesto y esto abona todavía más a ellos.
“Tenemos información de que dos elementos policiacos manejan 200 casos, ¿cómo quieren avanzar en los trabajos de investigación? El ministerio público no puede hacer nada si la policía no le trae elementos”.
Reiteró que la falta de personal e incluso viáticos para que los elementos hagan su trabajo es una constante.
Ortiz recordó que 2025 fue un año complejo para los colectivos y familias por los cambios a nivel federal que hubo en cuanto a legislaciones, entre ellos reformas que se concentran en atender los casos de desapariciones recientes y no los de larga data.
“Lo más preocupante fueron las reformas que se hicieron a nivel federal, hay una inconformidad muy grande por las determinaciones que se tomaron. Algunas son en detrimento de las familias porque se enfocan más en las nuevas desapariciones y no se toma en cuenta a las de larga data”.
Además de eso, refirió que han notado recortes o asignaciones presupuestales insuficientes a dependencias clave como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General de la República.
“Estamos teniendo esos problemas que no deberían de ser, pero existen”.
daed
