El Congreso del Estado de Coahuila aprobó una serie de reformas al Código Penal para tipificar como delito el uso de inteligencia artificial en la generación de imágenes falsas con el rostro de una persona, cuando estas tengan la intención de denostar, exhibir o dañar su reputación.
Con estas modificaciones se establecen penas de tres a seis años de prisión, así como multas que van de los 70 mil a los 113 mil pesos, para quienes incurran en este tipo de conductas, consideradas una nueva forma de violencia digital.
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Las reformas aprobadas buscan responder al crecimiento de prácticas que utilizan herramientas tecnológicas para afectar la dignidad y la imagen de las personas, particularmente a través de contenidos difundidos en plataformas digitales.
Alcances de la reforma penal
La iniciativa fue presentada por la diputada Blanca Lamas, quien explicó que la propuesta tiene como objetivo frenar el uso indebido de tecnologías basadas en inteligencia artificial para vulnerar la dignidad de las personas, especialmente mediante la manipulación de imágenes que posteriormente son difundidas en redes sociales.
Durante la exposición de motivos se destacó que este tipo de violencia trasciende la agresión física, ya que el contenido digital, una vez compartido, resulta difícil de eliminar y puede permanecer disponible de manera permanente, generando afectaciones continuas a las víctimas.
Se subrayó que la facilidad con la que este tipo de material puede replicarse incrementa el daño, al extender su alcance y prolongar sus efectos en el ámbito personal, social y emocional de quienes son objeto de estas prácticas.
Postura del Congreso y entrada en vigor
Integrantes de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales coincidieron en que la reforma permite visibilizar una problemática emergente y establece un marco legal claro para sancionar esta modalidad de violencia digital, la cual ha ido en aumento conforme avanza el desarrollo tecnológico.
Señalaron que la actualización del marco jurídico resulta necesaria para enfrentar conductas que no estaban contempladas de manera específica en la legislación penal y que hoy representan un riesgo para la integridad y la reputación de las personas.
La reforma aprobada entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, con lo que las nuevas disposiciones serán aplicables de manera inmediata en el ámbito legal.
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