Organizaciones integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y la Misión Civil de Observación Sexta denunciaron que la detención del defensor indígena Jesús Plácido Galindo, ocurrida el 17 de julio, forma parte de un proceso de criminalización impulsado por el Estado mexicano y señalaron una serie de presuntas violaciones al debido proceso durante su captura y traslado al penal federal del Altiplano.
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En un pronunciamiento difundido este lunes, las organizaciones sostuvieron que Plácido Galindo, integrante del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), promotor del CNI y beneficiario desde 2021 del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fue detenido mediante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, policías ministeriales, estatales y municipales.
Según el documento, tras su captura fue trasladado de inmediato al Centro Federal de Readaptación Social No.1 Altiplano, en el Estado de México, permaneciendo incomunicado por más de 20 horas y sin posibilidad de contactar a su familia o a un abogado de confianza.
Las organizaciones afirmaron que durante la detención los agentes destruyeron el botón de pánico asignado por el Mecanismo de Protección y denunciaron que se le impuso un defensor de oficio, además de que la audiencia inicial se realizó de manera virtual con fallas en la comunicación, lo que, aseguran, vulneró su derecho a una defensa adecuada y al debido proceso.
También expresaron preocupación por el estado de salud del defensor, al señalar que padece enfermedades y que hasta el momento no se tiene certeza de que reciba atención médica ni los medicamentos correspondientes dentro del penal de máxima seguridad.
El pronunciamiento cuestiona además que la imputación corresponda a un homicidio presuntamente ocurrido en 2021, al argumentar que desde ese año Plácido Galindo sostuvo reuniones con autoridades estatales y federales sin que existiera alguna acusación en su contra.
Señalan a Bernardo Ortega y presuntos vínculos políticos
En el documento, el CNI y el CIPOG-EZ sostienen que la detención ocurre después de que Jesús Plácido denunciara públicamente la actuación del grupo criminal Los Ardillos y sus presuntos vínculos con actores políticos.
Las organizaciones mencionan específicamente a Bernardo Ortega Jiménez, a quien identifican como dirigente de una corriente interna del PRD y exalcalde de Quechultenango, señalándolo como uno de los líderes políticos relacionados con dicho grupo criminal junto con sus hermanos Celso e Iván Ortega.
Asimismo, afirman que esa organización criminal mantiene influencia sobre autoridades municipales de distintas fuerzas políticas y responsabilizan a esa presunta red de los ataques y desplazamientos registrados en mayo pasado en comunidades de la Montaña Baja.
El pronunciamiento sostiene que durante la detención se vulneraron diversos derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la libertad y seguridad personal, a la integridad física, a la comunicación inmediata con familiares y abogados, al debido proceso, a la presunción de inocencia, al acceso a una defensa adecuada y al derecho de defender derechos humanos sin ser objeto de represalias.
También señalaron que, al tratarse de un defensor indígena, debieron garantizarse medidas especiales como la asistencia de un intérprete y una defensa con perspectiva intercultural.
Finalmente, el Congreso Nacional Indígena y las organizaciones firmantes exigieron la liberación inmediata de Jesús Plácido Galindo, el respeto a sus derechos procesales, atención médica, acceso a su defensa jurídica y una investigación sobre las presuntas irregularidades ocurridas durante su detención, además de demandar garantías de seguridad para las comunidades del CIPOG-EZ.
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