La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró obras realizadas de manera ilegal en un predio ubicado a unos 70 kilómetros al sur de Mérida, tras detectar daños graves a la flora y fauna en una superficie de 10 mil 750 metros cuadrados, incluyendo la afectación directa a un cenote.
La zona, reconocida por su riqueza natural, sus haciendas y cenotes de gran valor ecológico y turístico, fue intervenida sin autorización federal, luego de que una denuncia anónima alertara sobre trabajos de infraestructura turística ejecutados al margen de la ley.
De acuerdo con la dependencia, entre las afectaciones detectadas se encuentran la apertura de un camino de acceso, la perforación de un cenote y excavaciones tipo mina entre dos puntos, presuntamente con la intención de conectarlos mediante un canal con posible función de río subterráneo, lo que representa un daño severo e irresponsable al ecosistema.
“Estas actividades provocaron la remoción total y parcial de la vegetación natural en una superficie de 10,750 m², afectando especies características de la región como chaca (Bursera simaruba), tzalam (Lysiloma bahamensis), jabín (Piscidia piscipula) y dzidzilché (Gymnopodium floribundum), entre otras. Dichas acciones se llevaron a cabo sin contar con la autorización correspondiente emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, informó la Profepa.
Pese a la magnitud del daño ambiental, la obra avanzó sin los permisos necesarios, evidenciando una actuación irresponsable por parte de la empresa constructora, que ignoró la normatividad ambiental y puso en riesgo un ecosistema frágil y de alto valor para la región.
Como medida de seguridad, la Profepa impuso la clausura temporal total del sitio el 18 de marzo, colocando sellos oficiales y levantando el acta de inspección correspondiente; sin embargo, la información se dio a conocer hasta ahora.
Durante la diligencia, la inspección fue atendida por una persona que se identificó como operador de maquinaria de la empresa constructora, quien señaló no tener facultades para recibir o firmar la orden, lo que también refleja la falta de responsabilidad y supervisión en el desarrollo de la obra.
Autoridades federales advirtieron que la realización de este tipo de trabajos sin autorización genera impactos significativos en la biodiversidad, al destruir hábitats naturales, alterar ecosistemas y poner en riesgo recursos como los cenotes, considerados patrimonio ambiental y cultural de Yucatán.
El caso pone nuevamente en el centro del debate la urgencia de reforzar la vigilancia ambiental y sancionar con mayor rigor a empresas que, en su búsqueda de lucro, vulneran el equilibrio ecológico y el patrimonio natural de la entidad.
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