La Dirección de Ecología de Los Cabos clausuró un predio en "El Romerillal" usado para llevar material en helicóptero a la Sierra de la Laguna.
El decomiso se efectuó en la tarde del martes, luego de que activistas y ciudadanos denunciaron sobrevuelos e introducción de insumos pesados para construcción en la Reserva de la Biosfera.
Defensores ambientales alertaron que estas actividades ilegales ponen en riesgo inminente a la Sierra de la Laguna, ecosistema fundamental catalogado como "la fábrica de agua" y el principal tinaco natural que recarga los acuíferos de los municipios de La Paz y Los Cabos.
Controversia con alcaldesa de La Paz
Al respecto, la organización civil Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, conocida como "Freciudav", en conferencia de prensa rechazó tajantemente que el Ayuntamiento de La Paz se deslinde del conflicto bajo el argumento de que el espacio es de administración puramente federal.
La controversia escaló luego de que la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, utilizara su sección informativa semanal del "Detector de Mentiras" para asegurar públicamente que el área protegida es una reserva federal regulada exclusivamente por el Gobierno de México y que no entraba en la competencia de su administración.
Ante la presión social y las críticas por parte de los activistas, la propia alcaldesa tuvo que rectificar públicamente admitiendo que cometieron un error de precisión institucional y reconoció que el municipio sí ostenta facultades jurídicas para vigilar, investigar y sancionar el uso de suelo o edificaciones ilegales dentro de su demarcación.
Activistas exhiben origen de obra clandestina
Por su parte, los representantes del "Freciudav" expusieron el origen de la infraestructura clandestina, ligándola directamente al predio rústico denominado "San Miguelito", propiedad de 90 hectáreas localizada en las inmediaciones de la sierra.
En ese sitio se promovía el proyecto de desarrollo ecoturístico "Santuario del Tío Checo", impulsado por la asociación civil Hermandad en Armonía, organización a la que los activistas señalan públicamente de estar vinculada con liderazgos y militantes del Partido Verde Ecologista de México.
Aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales resolvió no admitir a evaluación el trámite de impacto ambiental para este complejo, senderistas y pobladores rurales documentaron que los vuelos del helicóptero continuaron de forma sospechosa desde el 30 de abril, descubriendo cargamentos ocultos de vigas de acero estructural, generadores eléctricos, combustible y sacos de cemento escondidos bajo lonas entre la maleza.
Ante la acumulación de evidencias en la región limítrofe de ambos municipios, la Dirección de Gestión y Normatividad Ambiental de Los Cabos activó un operativo de inspección de emergencia en la delegación de Miraflores con auxilio de la Dirección de Seguridad Pública y la Policía Preventiva.
Evalúan y aseguran zona afectada
Gustavo Castro Zumaya, titular de la dependencia, detalló que el terreno afectado cumple con todas las características de suelo forestal al poseer vegetación nativa de zonas áridas, ubicándose a una distancia aproximada de 3.8 kilómetros de la línea de la reserva.
Al evaluar los daños físicos, el funcionario especificó que en el lugar “se inició desmonte y movimiento de tierra sin la autorización de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente; no se encontraron especies reubicadas ni tampoco se observó vivero para rescate; en ese sentido, se procedió a realizar la clausura del predio”.
Por su parte, el gobierno de Los Cabos respaldó legalmente las sanciones mediante la postura oficial del alcalde Christian Agúndez Gómez, quien expuso que “en este gobierno, el desarrollo solo es posible con respeto irrestricto al medio ambiente”.
DCP
