Vecinos de Benito Juárez protestaron en la explanada delegacional para exigir el esclarecimiento de las condiciones en que se construyeron los edificios que colapsaron tras el sismo del 19 de septiembre; sin embargo, la manifestación se salió de control, luego de que un grupo de choque -integrado presuntamente por vecinos inconformes-, encapsuló al director General de Jurídico y Gobierno, Armando Ramírez, quien pretendía atender sus demandas.
Los vecinos, que arribaron alrededor de las 11 horas al sitio, exigían ser atendidos por el jefe delegacional Christian von Roehrich, para entregarle un pliego petitorio, en el que exigen dar a conocer quien otorgó los permisos de construcción y operación en edificios colapsados, así como quién avaló las presuntas irregularidades.
Para atender la protesta, arribó al sitio el funcionario Armando Ramírez, pero al tiempo que los manifestantes lanzaban consignas en contra de los funcionarios de la delegación, calificándolos de "corruptos" y " asesinos", el grupo de choque jaloneó y empujó al funcionario, hasta encapsularlo; personal de la demarcación trató de ayudarlo, pero también resultaron agredidos, "por lo que se tuvieron que resguardar en las instalaciones de la delegación para evitar un riesgo mayor".
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Se informó que el jefe Delegacional Christian Von arribaría a la explanada a las 12:30 horas para escuchar las peticiones de los vecinos, pero "al no existir las garantías de seguridad necesarias continuó con el recorrido de recuperación de bienes para ayudar a vecinos afectados que viven en edificios semi colapsados".
Finalmente, alrededor de las 11:45 horas, Federico Chávez, secretario Particular del jefe delegacional recibió el pliego petitorio de los vecinos, e informó que dará respuesta el próximo lunes 9 de octubre.
Los habitantes pidieron poner sellos de suspensión a las construcciones que actualmente se llevan a cabo y amenazaron que de no hacerlo las autoridades, lo harán ellos mismos el próximo lunes.
Entre otros de los puntos del pliego, los vecinos exigen también justicia y reparación del daño a la ciudadanía afectada por el sismo; sanción a los funcionarios, empresas y personas que por acto u omisión fueron responsables, que no cumplieron con la normatividad en materia de desarrollo urbano.
Además, exigen revisión minuciosa de cada uno de los inmuebles afectados, así como el registro y publicación de su estado y georeferenciación; suspensión indefinida para la autorización de nuevos proyectos inmobiliarios y comerciales, garantizar el bienestar de todas las personas que habitan, ocupan y transitan por esa demarcación.
También piden la correcta ejecución de la vigilancia y verificación de los proyectos inmobiliarios nuevos en construcción; acceso público y permanente a la información asociada a los nuevos desarrollos inmobiliarios y comerciales, a los estudios y mapas de riesgo; además de la reforma y modificación a leyes y reglamentos, así como a instituciones, funciones y cargos de todos los cuerpos asociados a la planeación urbana.
Con información de Francisco Mejía
FLC
