La antigua ciudad maya de Tzemé –considera la antigua capital del poniente de Yucatán–, está siendo devastada por la empresa Productora Nacional de Huevo (Crío), que entre octubre y noviembre de 2025 destruyó al menos tres basamentos piramidales y un pozo prehispánico, durante el desmonte de más de seis hectáreas de selva en el municipio de Kinchil, donde pretende construir nuevas naves industriales.
A pesar de las clausuras impuestas por las autoridades, las obras continuaron afectando un total de 13.7 hectáreas. Este jueves, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que derivado del reiterado incumplimiento de la clausura impuesta por no contar con la autorización correspondiente en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales emitida por la Semarnat, así como la manipulación indebida de la maquinaría asegurada, durante el 13 de enero presentó la ampliación de la denuncia penal previamente interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En defensa de su territorio, miembros del Concejo Comunitario de Kinchil han logrado detener en dos ocasiones el avance de la maquinaría pesada en la zona; durante octubre, lograron que las obras fueran suspendida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en octubre y posteriormente lograron que la Profepa acudiera al sitio para clausurar las obras.
A pesar de los sellos de clausura, tanto la productora de huevo como la empresa constructora continuaron con el desmonte, por lo que la comunidad consideró que las instituciones no tomaron medidas efectivas para detenerlas.
Por ello, el Concejo Comunitario Kinchil ingresó una demanda de amparo –expediente 2352/2025 del Juzgado Cuarto de Distrito–, dirigida en contra del INAH, la Profepa, el municipio, la FGR, la empresa de huevo Crío y la constructora Cavico, obteniendo la suspensión provisional el 24 de noviembre y la suspensión definitiva el 15 de diciembre.
Las obras se detuvieron por unas semanas, pero al comenzar el nuevo año la empresa Cavico, contratada por Crío, continuó con las obras. Esto fue denunciado por los miembros del Concejo Comunitario, lo que ocasionó que el viernes 9 en la tarde la Profepa llegara a clausurar la maquinaria con la que se habían reiniciado las obras.
Ese 9 de enero, los inspectores de la Profepa constataron que la clausura temporal total impuesta desde el 12 de noviembre de 2025 no había sido respetada y que seguían los trabajos de preparación del terreno mediante el uso de maquinaria pesada.
“Dicha clausura fue ordenada por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y la remoción total de vegetación forestal natural en una superficie aproximada de 13.7 hectáreas, sin contar con la autorización correspondiente”, informó la dependencia en un comunicado.
Por estos hallazgos, llevaron a cabo el aseguramiento precautorio de una retroexcavadora y un bulldozer de oruga, utilizados para el picado y nivelación del suelo natural, con fines de construcción de vialidades y futuras naves industriales para la producción y crianza de aves de corral. La maquinaria pertenece a una empresa arrendadora y era operada por personal de una constructora contratada por la responsable del predio.
Llegado el lunes 12 de enero, nuevamente los trabajadores de Cavico violaron los sellos de la maquinaría. Los pobladores reportaron que además arribaron trabajadores de otra empresa contratada para instalar un transformador eléctrico y continuar la construcción de una caseta, quienes se retiraron de inmediato.
El Concejo y campesinos de Kinchil que se encontraban trabajando en la zona detuvieron las obras. Al ver a personas de la comunidad, los operadores de maquinarias emprendieron la huida, cuando una apicultora de la comunidad, doña Gregoria Dzul Cuá, le cerró el paso a un bulldozer, acompañada por miembros del Concejo Comunitario y periodistas locales.
“Yo no me voy a quitar del camino, nos vamos a poner allá, esto está clausurado. Ya se llevaron una (retroexcavadora). Esto está clausurado, y lo clausuramos nosotros. Bájate y hazte a un lado”, dijo Gregoria Dzul Cuá al plantarse frente a la maquinaría.
“No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo a estas empresas violar la ley. Exigimos que respeten nuestros montes y nuestro trabajo en el campo, nuestros vestigios y nuestra cultura. Es nuestro derecho. Llevamos todo por la vía legal y logramos órdenes de clausura de tres instancias distintas, pero estos señores sienten que están encima de la ley. Si para detenerlos tengo que ponerme frente a sus maquinarias, lo haré sin dudarlo. Prefiero morir de pie que vivir arrodillada ante tanta injusticia y destrucción”, señaló.
Más tarde, arribaron al sitio dos unidades de la policía estatal e inspectores de la Profepa; durante la diligencia federal, el personal de la empresa constructora presente en el sitio se negó a recibir y firmar la orden de verificación.
“En cuanto a la maquinaria, únicamente se localizó el bulldozer sin los sellos de ‘bien asegurado’ y en distinta ubicación a la original; la retroexcavadora ya no se encontraba en el sitio. Esto constituye un incumplimiento grave y reiterado a las medidas de seguridad impuestas por esta autoridad ambiental. La Profepa procedió a reinstalar los sellos de aseguramiento en la maquinaria localizada”.
Por su parte, Federico May Cuitún, miembro del Concejo Comunitario de Kinchil, señaló que la comunidad seguirá tomando acciones legales para que todos los responsables de esta situación rindan cuentas.
“Tanto las empresas contratantes y ejecutoras como las instituciones que en lugar de cumplir su cometido son cómplices en la destrucción. Reiteramos nuestra exigencia de que se destituya inmediatamente al Director General del Centro INAH Yucatán, Víctor Arturo Martínez Rojas, por tolerar la devastación de nuestro patrimonio arqueológico.”
Sergio Oceransky, director de Fundación Yansa dijo que esas empresas confían en que la corrupción de las instituciones les garantiza impunidad, “pero en Kinchil se enfrentan a una comunidad decidida a vigilar tanto a empresas como a instituciones, y no tolerar ninguna violación más de sus derechos. La vigilancia a instituciones no debería ser necesaria, pero lo es. De no hacerla, en general las empresas pagan multas y continúa la devastación. En este caso, como en otros juicios que acompañamos, nuestro objetivo es evitar la regularización de estos proyectos destructivos y lograr su cancelación total y definitiva”.
Este jueves, la Profepa informó que presentó la ampliación de la denuncia penal previamente interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR), y que se reunirá con funcionarios de la fiscalía para dar seguimiento a este caso a fin de garantizar el cumplimiento de la ley.
“La Procuraduría reitera su compromiso con la protección del medio ambiente, el cumplimiento de la normatividad ambiental y la atención a las denuncias ciudadanas, y continuará realizando las acciones necesarias para asegurar el respeto a las medidas impuestas por la autoridad ambiental”.
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