Alrededor de 19 familias indígenas de la comunidad San Miguel Mitontic, en el municipio de Ixtapa, Chiapas, se encuentran en riesgo de desplazamiento forzado, luego de una serie de conflictos, presuntas multas arbitrarias, amenazas y la suspensión de servicios básicos, atribuidos a autoridades ejidales de la localidad.
De acuerdo con el testimonio de Elia Méndez Pérez, habitante de la comunidad, las familias han sido objeto de multas económicas excesivas impuestas por el comisariado ejidal. Inicialmente, les exigieron 30 mil pesos por persona a cuatro integrantes, bajo el argumento de supuestos acuerdos comunitarios.
Medidas de presión para abandonar tierras
Posteriormente, en una asamblea, se impuso una nueva multa colectiva de 30 mil pesos a las 19 familias, lo que fue calificado como un acto de injusticia y hostigamiento.
Méndez Pérez denunció que, pese a cumplir con cooperaciones comunitarias como el pago de la luz y otras aportaciones, únicamente este grupo de familias es sancionado.
En fechas recientes, durante otra reunión comunitaria, se les volvió a acusar sin pruebas de realizar “malas acciones” y se les intentó imponer una nueva multa de 15 mil pesos por persona, incluyendo a mujeres jóvenes y a otras personas que pese a ser originarios de ahí no viven en la comunidad
Las familias señalaron que no se les permite defenderse ni alzar la voz, y que cualquier intento de hacerlo deriva en nuevas sanciones económicas. Aseguran que estas acciones buscan presionarlos para abandonar sus tierras, las cuales comprenden aproximadamente 100 mil 350 metros cuadrados.
Suspenden servicios básicos
La situación se ha agravado debido a que desde hace 11 días les fueron suspendidos los servicios de agua potable y energía eléctrica, afectando principalmente a niños, niñas, personas adultas mayores y bebés recién nacidos, lo que incrementa el riesgo humanitario.
Organizaciones de acompañamiento informaron que el caso ya fue turnado a instancias estatales. Existe intervención de la Secretaría de Gobierno de Chiapas y de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se han integrado carpetas de investigación por los delitos de despojo, amenazas, extorsión y abuso de autoridad en contra de quienes resulten responsables.
Líder religioso denuncia amenazas de muerte y multa millonaria
El conflicto también involucra al pastor Manuel, propietario legal del terreno desde el 30 de septiembre de 1998, según confirmó su esposa Micaela López Gómez. El predio fue adquirido con fines religiosos para la construcción de un templo comunitario.
No obstante, el pastor ha denunciado amenazas de muerte, la exigencia de una multa de un millón 80 mil pesos y la prohibición de ingresar a su propio terreno, situación que lo obligó a abandonar la comunidad y residir actualmente en Tuxtla Gutiérrez.
López Gómez afirmó que se trata de una persecución religiosa y de intereses personales ligados al control del terreno, ya que el pastor decidió no lucrar ni fragmentar la propiedad.
“El único ‘pecado’ que tenemos es querer que el templo siga siendo un espacio para adorar a Dios”, expresó.
Las familias afectadas hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales y a la sociedad en general para frenar las violaciones a sus derechos humanos, evitar el desplazamiento forzado y garantizar el restablecimiento inmediato de los servicios básicos, así como su seguridad e integridad.
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ksh
