En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue inaugurado un diplomado de nueve meses para formar intérpretes jurídicos que acompañen a personas indígenas durante procesos judiciales, en un contexto marcado por la falta de traductores en tribunales.
De acuerdo con los datos presentados en el programa de Alejandro Domínguez en MILENIO Televisión, en México alrededor de ocho mil personas indígenas están privadas de la libertad sin haber contado con intérpretes o abogados que comprendan su lengua y cultura. Tan solo en Chiapas se concentra el 42 por ciento de estos casos.
Sebastián Patishtán, coordinador del proyecto, advirtió que la ausencia de intérpretes agrava la situación jurídica de las personas indígenas.
“Cuatro de cada diez no tuvieron traductor-intérprete que entendiera lo que les estaban diciendo. Entonces eso ya es grave. Ahora, si a eso le sumamos que hay pocos traductores-intérpretes, eso también agudiza más todavía la situación en materia jurídica.” Señaló.
Buscan cerrar brecha en tribunales
El diplomado pretende formar a 140 intérpretes provenientes de 42 municipios, quienes hablan lenguas como tseltal, tsotsil, zoque, chol y mam. La capacitación incluirá formación jurídica, lingüística y cultural para garantizar interpretaciones más precisas durante audiencias estatales y federales.
Abraham Hernández, rector de la Universidad José Vasconcelos, explicó que el programa contempla espacios específicos para cada lengua originaria, con coordinadores especializados que guiarán las sesiones.
En México, toda persona tiene derecho a comprender los cargos en su contra y el desarrollo de su proceso legal; sin embargo, este principio no se cumple en muchos casos dentro de comunidades indígenas.
Escasez de intérpretes certificados
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas reporta que en Chiapas existen apenas 13 intérpretes certificados en materia de justicia, frente a una población de más de 1.4 millones de hablantes de lenguas originarias.
Ante este panorama, quienes participen en el diplomado buscarán integrarse a instituciones como la Fiscalía Indígena y los juzgados del Poder Judicial estatal.
Juan Carlos Díaz, intérprete tzotzil, explicó que el trabajo implica enfrentar retos lingüísticos, especialmente ante términos jurídicos que no existen en algunas lenguas.
“Hay tecnicismos, palabras que no existían, pero contamos con un equipo que nos respalda. He atendido cerca de 50 casos recientes, muchos familiares y algunos penales”, detalló.
El proyecto cuenta con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el objetivo de fortalecer la justicia intercultural y preservar las lenguas indígenas como parte del patrimonio vivo del país.
???? Inauguran diplomado de nueve meses para formar intérpretes jurídicos en San Cristóbal de las Casas, quienes apoyarán a la población indígena que enfrenta procesos judiciales.
— Milenio (@Milenio) April 1, 2026
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Con información de Jhonatan González
AH
