Autoridades realizaron un cateo en un domicilio de la calle Loma del Río de la colonia Lomas de Rosales, en busca de la pequeña Paulina de dos años y diez meses de edad, sustraída de su casa por su padre el pasado cuatro de enero del año en curso.
Personal del DIF Tampico, un actuario, así como elementos de la Guardia Estatal, así como la señora Erika Rodríguez, madre de la niña, ingresaron a la casa marcada con el número 110, con la orden girada por un juez con el fin de buscar a la pequeña Paulina.
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Ahí una persona que se encontraba al interior habló con las autoridades y justo cuando se procedía a ingresar, los elementos de la Guardia Estatal abandonaron el cateo sin decir motivo alguno por lo que la afectada y el abogado Néstor Luna, realizaron llamadas al 911 para dar aviso de lo sucedido; minutos más tarde los estatales regresaron al lugar y así fue como se pudo ingresar al domicilio donde inició la búsqueda de la niña Paulina.
Buscaré hasta de bajo de las piedras
Una vez que terminó la revisión del domicilio citado, Erika Ramírez, lamentó que el padre de la niña siguiera ocultándola pues en este cateo no se encontró rasgo alguno de que su hija pudiera haber estado en este lugar.
"Voy a buscar hasta debajo de las piedras, yo no me voy a quedar así; es mi hija y la tengo que recuperar enfrente a quien tenga que enfrentar así me tenga que dormir afuera del consultorio, la voy a buscar donde tenga que buscarla".
Visiblemente consternada por la situación, la madre de Paulina resaltó que se trata de una niña y no de un objeto.
"Solo es Pau, es una niña de dos años y diez meses y no nos debemos preocupar si él y yo no fuimos buena pareja, ¡nooo! solamente es Pau; es la niña que necesita a mamá, que necesita a papá y los necesita bien. Ahorita nosotros no tendríamos que estar peleando por saber en dónde está y quién la va a tener".
¿Qué fue lo que paso?
Un presunto caso de sustracción de una menor en Tampico, ocurrido durante los primeros días de este 2026, ha generado alarma entre la ciudadanía y una rápida difusión en redes sociales, donde familiares y usuarios exigen claridad sobre el paradero de la niña y la actuación de las autoridades.
La denuncia pública fue realizada por Erika, madre de la menor, quien asegura que desde el pasado 4 de enero no ha vuelto a ver ni tener contacto con su hija, luego de que, presuntamente, el padre de la niña —un médico— la sacara del domicilio sin autorización, pese a que existían acuerdos legales de convivencia establecidos por un juez.
Hasta el momento, no se ha emitido una ficha oficial de búsqueda, ni se ha confirmado públicamente si la menor fue sustraída por su padre o si existe alguna resolución judicial que respalde su traslado, situación que ha incrementado la incertidumbre.
Madre denuncia incumplimiento de acuerdos judiciales
De acuerdo con el testimonio de Erika, el presunto responsable habría ingresado al domicilio por una ventana para llevarse a la menor, acción que, afirma, violó de manera directa los lineamientos fijados por un juez familiar respecto a la convivencia entre padre e hija.
La madre sostiene que dichos acuerdos ya delimitaban fechas, horarios y condiciones bajo las cuales el padre podía convivir con la menor, precisamente debido a antecedentes de violencia que formarían parte del expediente legal.
Según la versión de Erika, tras el hecho, el médico dejó de responder llamadas y mensajes, lo que impidió cualquier tipo de comunicación o aclaración sobre el paradero de la niña, situación que la llevó a hacer pública la denuncia a través de redes sociales.
Antecedentes de violencia y conflicto legal
La madre señaló que el presunto responsable cuenta con denuncias previas por violencia física y económica, las cuales fueron consideradas por la autoridad judicial al momento de establecer las condiciones de convivencia.
Estos antecedentes, afirma, fueron determinantes para que el juez impusiera límites específicos, mismos que —según su versión— habrían sido ignorados deliberadamente.
Hasta ahora, ni el presunto responsable ni alguna autoridad judicial o ministerial han emitido un posicionamiento público, lo que mantiene el caso en un estado de indefinición legal y mediática.
El caso permanece en desarrollo.
