El seguimiento a los hechos ocurridos en torno a la muerte de la menor Dafne exige un análisis jurídico técnico que trascienda la indignación social, expuso el abogado especialista en materia familiar, Fausto E. Villarreal.
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Resaltó que la conducción del proceso penal ante los Jueces de Control del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas no solo debe centrarse en deslindar responsabilidades individuales, sino en garantizar que la investigación de la Fiscalía General de Justicia cumpla con el estándar probatorio requerido para obtener sentencias condenatorias firmes.
Exigencia de rigor para evitar impunidad
Asimismo, el litigante señaló que el trabajo de la Fiscalía no concluye con la ejecución de órdenes de aprehensión o la formulación de imputación, pues afirmó que la exigencia ciudadana y de las víctimas indirectas requiere investigaciones rigurosas que resistan el embate de las defensas técnicas en los juzgados.
"Construir justicia en el caso Dafne requiere sostener un expediente sólido que no deje margen a la impunidad por deficiencias procesales ni por retrasos imprevistos, al tiempo que se revisan de fondo los mecanismos de supervisión en materia de protección civil y regulación educativa en Tamaulipas".
Un caso que trasciende la materia penal
El especialista en Derecho expuso que el fondo del asunto expone una evidente falta de coordinación e inspección administrativa.
Y es que, aunque la causa penal se procesa bajo la tipificación de feminicidio, el problema abarca competencias institucionales en materia de Protección Civil y Educación, donde convergen los tres órdenes de gobierno (Municipal, Estatal y Federal).
"La regulación y supervisión del entorno donde se desarrollaban estas actividades corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel federal y a la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), así como a las instancias de Protección Civil competentes. El proceso penal juzga conductas punibles, pero la prevención y el cumplimiento del marco normativo administrativo eran la primera línea de contención", resaltó el abogado.
El imperativo probatorio de la Fiscalía
En el marco del sistema de justicia penal acusatorio, el principio de presunción de inocencia exige que sea la representación social la que destruya tal estado mediante datos e intenciones de prueba lícitos, pertinentes y suficientes, dijo Fausto Villarreal.
"Para sostener una acusación sólida en las etapas procesales correspondientes —como la vinculación a proceso y el eventual juicio oral—, la Fiscalía del Estado debe robustecer su teoría del caso y sustentar la culpabilidad de los imputados con rigor técnico".
Puntos clave a considerar para una exhaustiva investigación:
• Especialización pericial: Dictámenes forenses, biológicos y de contexto con metodología científica incontrovertible.
• Debido proceso e integración: Garantizar la licitud en la obtención de cada prueba para evitar exclusiones probatorias durante las audiencias ante el Juez de Control.
• Imputación precisa: Establecer con claridad la atribución individual de cada uno de los implicados en los hechos.
¿Por qué se prolongan y difieren las audiencias en el sistema oral?
Un aspecto que genera alta frustración social es la aparente lentitud en el avance del proceso, marcada por recesos prolongados o la reprogramación continua de audiencias. Lejos de responder a una omisión voluntaria, esta dinámica responde a las exigencias normativas del propio Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP):
• Garantía del debido proceso y derecho de defensa: Si la Fiscalía entrega de forma tardía o complementaria registros de la investigación a los defensores, el Juez de Control debe otorgar recesos o diferir la audiencia para permitir un estudio adecuado y evitar vicios procesales que causen la nulidad del juicio.
• Incomparecencia justificada de intervinientes: El aplazamiento o la suspensión de audiencias puede decretarse legalmente por la falta de comparecencia de peritos, testigos clave o por motivos de salud de las partes procesales.
• Carga de trabajo en salas de audiencias: El desahogo minucioso de cada prueba y la saturación de las agendas en los juzgados del fuero común genera que el señalamiento de nuevas fechas tome semanas o meses.
• Tramitación de recursos e incidencias: La interposición de medios de impugnación o juicios de amparo por parte de las defensas puede también interrumpir el flujo continuo de las etapas hasta que la autoridad competente resuelva.
JETL
