Con cortinas sobre los muros resanados y con decenas de cuadros familiares, Isabel Navarro intenta ocultar las grietas que aparecen desde hace 10 años en su departamento ubicado en Lindavista, donde lleva viviendo más de 30 años.
En su modesta vivienda de 45 metros cuadrados conviven ella y su esposo. En uno de los cuartos habilitaron una tiendita y es ahí donde la grieta más grande la atormenta, pues a través de ese agujero se puede mirar al otro lado.
"Hace más de 10 años empezaron a cuartearse, dimos aviso al gobierno y no se ha podido arreglar nada. Cada vez está más chueco el edificio, más inclinado. Las cuarteaduras que podemos arreglar lo hacemos, pero los muros se siguen dañando. Uno le mete mano y al poco tiempo se volvió a abrir; por ejemplo, ésta da hasta el otro lado, y cuando llueve se mete el agua; todo el aplanado que hago se vuelve a caer", lamenta la mujer de 61 años.
Ágilmente se mete debajo del modulo de escalones que también se ha separado del edificio, y muestra los hoyos, "como túneles debajo de la tierra", que cada vez se presentan más.
Ese es el edificio 52 de la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo, pero a los administradores del condominio les preocupa más el 62, ya que un estudio que mandaron a hacer con recursos que consiguieron de la Procuraduría Social en 2012 determinó que los hundimientos diferenciales provocaron que se encuentre con un desnivel de 53 centímetros, por lo que se ha inclinado más de 30 centímetros con dirección suroeste.
"La técnica que se proponía en ese momento era colocar pilotes de control para renivelar (...) era un costo como de 12 millones de pesos. Es un edificio totalmente en riesgo, pero nadie ha tomado la decisión de desalojar a la gente, sí se le ha dado un seguimiento, pero al final viven en riesgo y son 20 familias las que habitan ahí", señaló Jorge Acosta, administrador de la unidad.
Dentro del inmueble, la percepción es como la de aquella famosa atracción "La cabaña del tío Chueco", donde los objetos que sueltan al piso de deslizan solos.
Aunque se trata de viviendas de interés social, los condominios son considerados como propiedad privada, por lo que los recursos públicos no les llegan. De tal forma, la Prosoc recomienda a los condóminos organizarse en comités vecinales, con el fin de exigir un diagnóstico más puntual sobre el estado de los inmuebles y crear un Fondo de Reserva Especial para la Reconstrucción Mayor de los Condominios, aunque de entrada estiman que para realizar los estudios se requiere al menos un millón de pesos por unidad.
Al respecto, Oswaldo Ruiz Sarabia, subprocurador de Promoción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Procuraduría Social del DF, dijo: "Son costos muy elevados, la gente no tiene dinero para sostener un estudio de esa magnitud, es por eso que las demás dependencias, y los gobiernos federal y local, deben voltear a ver esta situación y aportar un presupuesto única y exclusivamente para este tipo de problemas, que tendría que emanar desde la Asamblea Legislativa para poder etiquetar un recurso especial".
