Aunque no se ha registrado un acto protocolario, el proceso de entrega recepción entre la administración de Rogelio Ortega Martínez y el equipo del gobernador electo, Héctor Astudillo Flores registra un avance del 60 por ciento.
Eduardo Loría Casanova, titular de la Contraloría General del Estado, indicó que pese a las complicaciones que ha generado la impugnación promovida por el PRD en torno al resultado de la elección de gobernador, los trabajos en materia de entrega recepción se encuentran en proceso de avance.
Indicó que ya existen subcomités de enlace, integrados por personal de las dependencias del sector central y de los organismos paraestatales, de tal suerte que indicó: "Yo les puedo decir que llevamos ya casi 60 por ciento de avance, estoy seguro que vamos a entregar el cien por ciento de áreas", anotó.
Explicó que el gobernador en funciones y el electo llegaron al acuerdo de firmar un pacto por la transparencia, lo que resulta completamente positivo, sin embargo, se debe esperar a que haya una ratificación de la elección de gobernador en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El funcionario reconoció que tradicionalmente, por la naturaleza de sus funciones existen áreas que se complican en cada proceso de entrega-recepción, como las secretarías de Finanzas, Seguridad Pública y Salud, entre otras.
En cada una de esas áreas dijo que se debe impulsar un proceso de capacitación que no deje espacios para dudas en torno a lo que se debe anotar, para permitir el mayor margen de transparencia.
A estas alturas, dijo que los 46 Organismos Públicos Descentralizados (Opds) tienen sus comités de entrega-recepción integrados, prácticamente desde el mes de julio.
Aunque todavía no se da el fallo en el TEPJF, destacó que ya se tienen todas las condiciones dadas para realizar el evento protocolario de instalación de la entrega-recepción.
Admitió que hay comprobaciones pendientes desde la etapa en que ejerció el gobierno Ángel Aguirre Rivero, principalmente en las áreas que se vieron afectadas por la quema de edificios públicos a partir del movimiento impulsado por el magisterio disidente y la Normal Rural de Ayotzinapa.
En primer lugar, recordó que durante las acciones del magisterio y los normalistas se quemaron oficinas de la Secretaría de Finanzas y de Desarrollo Social, en tanto que la Secretaría de Salud registró la quema de información comprobatoria en su almacén central, en un acto ajeno al movimiento que todavía es objeto de investigación.
