Adelicia, la niña de seis años de edad que se ahogó en un pozo del albergue comunitario de Yurécuaro, en Michoacán, fue recordada por los jornaleros agrícolas del centro de alojamiento; sin embargo, su familia no fue invitada al evento. El deceso propició cambios en la seguridad e higiene del lugar, modificaciones que se implementarán en los 118 operados en todo el país por la Federación.
El día del accidente, su madre, Marcelina, llegó de trabajar a la casa que habitaba y casi de inmediato se durmió en el suelo con sus hijos; el cuarto se localiza en el albergue comunitario, donde ocurrió el "lamentable accidente".
Días después, Marcelina fue desalojada con "violencia por policías", por tener supuestos conflictos con los vecinos desde hace más de un año.
El caso de Adelicia, en marzo de 2014, motivó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera la recomendación 37/2015 dirigida a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en noviembre pasado, en la que contempla "reparar el daño" a los familiares, así como implementar medidas de rehabilitación, protección sanitaria y de seguridad dentro del espacio comunitario donde habitan 47 familias, alrededor de 170 adultos y 70 niños indígenas de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Hidalgo y la meseta purépecha de Michoacán, principalmente.
Pero Marcelina, de 26 años y oriunda de Guerrero, no se benefició de los cambios que se hicieron dentro del albergue, donde actualmente duermen en camas y se cubrió con una tapa metálica el pozo de agua donde falleció su hija; también se instaló una guardería, una escuela de educación básica, se desarrollaron los programas de apoyo a inmigrantes, y tampoco se enteró que el lunes por la noche llegó a pernoctar, en la casa 45, el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, quien además comió tamales y café con los jornaleros.
La mujer indígena que, a decir de sus antiguos vecinos, era "discriminada" como muchos de sus paisanos por no hablar ni comunicarse en español, vive en la Calle 1, Colosio, con su esposo e hijos, y paga una renta mensual de 500 pesos por un cuarto de menos de tres por tres metros cuadrados.
Su nuevo hogar tiene como puerta de entrada la estructura de un colchón de resortes oxidados y en la casa cabe un tendedero mal colocado, una televisión antigua y una especie de parrilla; carece de servicios elementales, como agua potable.
MILENIO visitó el hogar de Marcelina, quien aseguró que no ha recibido ayuda alguna de las autoridades federales ni locales, tampoco se le notificó sobre la solicitud que hiciera la CNDH para deslindar responsabilidades por el deceso de su hija.
De acuerdo con el documento, en el centro comunitario de Yurécuaro se evidenció la "violación de derechos a un nivel de vida adecuado, a la salud y al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas en agravio de los jornaleros".
Marcelina declaró que fue desalojada luego de pasar el novenario dedicado a Adelicia dentro del albergue, porque la persona encargada simplemente no la quería como inquilina, ya que estaba alterada de los nervios y gritaba mucho por la muerte de su hija, quien iba a sacar agua de ese pozo.
Por eso renta, para poder trasladarse como muchos jornaleros a las vías del tren de carga, donde a partir de las 5:30 de la mañana son llevados en camionetas a recoger las cosecha de jitomate y de chile en los distintos ejidos, trabajo por el que perciben de 80 a 150 pesos diarios, de acuerdo con el patrón que les toque.
Consultado al respecto, el titular de la Sedesol señaló que se está dando cumplimiento cabal a la recomendación de la CNDH, logrando mejorar el albergue para evitar otro accidente y elevando su calidad de salud y vivienda.
En cuanto a la familia afectada, se está trabajando, "aunque tomará tiempo el resarcimiento del daño; habrá becas de acompañamiento permanente para los hermanos y hermanas, además del apoyo psicológico a la familia, dijo.
"Son las únicas dos recomendaciones sobre este albergue y seguiremos trabajando el tiempo que sea necesario", agregó Meade, durante el evento de reapertura y entrega del albergue y en compañía del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.
Aunque las condiciones han mejorado, en los baños no hay agua caliente hasta el momento; las familias siguen siendo objeto de abuso y discriminación, además viven en hacinamiento, alejados de sus estado de origen y la mayoría son analfabetas.
