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Aspirante a fiscal general pide suspender el proceso

La renuncia de un miembro del organismo provocaría que los fiscales nombrados carezcan de legitimidad, señala Omar Garza.

Debido a que la Constitución local establece que el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción debe estar integrado por nueve miembros, el abogado y aspirante al cargo de fiscal general, Omar Sergio Garza Guerra, señaló que la renuncia de un integrante pondría en riesgo la validez de la designación de los nuevos fiscales, por lo que pidió detener el proceso.

Garza Guerra acudió a la Oficialía de Partes del Congreso a presentar un escrito dirigido al Pleno y a los integrantes del Comité de Selección para que se suspenda el proceso de designación de los tres fiscales hasta que se restablezcan a los nueve miembros, con el fin de evitar vicios de origen en el nombramiento.

“Imagínate que alguien quede fiscal general o fiscal Anticorrupción o para delitos electorales y que haga algún procedimiento, te puedo mencionar un ejemplo: el fiscal general que emita un un ejercicio de la acción penal, por supuesto que podrían venir consecuencias legales en contra de él, ¿por qué? Porque no fue legítimamente nombrado, tan sencillo, como lo establece la Constitución. Uno que se considera tener el perfil adecuado para este cargo no sería legalmente nombrado si no se corrige este procedimiento”, dijo.

Mencionó que el Congreso deberá determinar el procedimiento para restablecer el número de miembros del Comité de Selección a través de una nueva convocatoria.

El viernes se dio a conocer que Pedro Rubén Torres Estrada renunció al Comité de Selección debido a que sus actividades laborales y académicas le impidieron continuar con su labor.

Con ocho integrantes en el Comité de Selección podría haber un problema para aplicar el criterio de desempate en la designación de los titulares de las fiscalías.

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Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
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