La violencia armada en comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero ha dejado decenas de familias desplazadas, pueblos semivacíos, crisis alimentaria y una creciente exigencia de seguridad por parte de habitantes de la región de Chilapa, donde pobladores denuncian ataques constantes del grupo criminal Los Ardillos, que operan en la zona.
Desde los primeros días de mayo, comunidades como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán, Alcozacán y Mezcaltepec fueron escenario de ataques armados, bloqueos carreteros y desplazamiento forzado de cientos de habitantes.
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Las familias afectadas denunciaron ataques desde cerros y caminos rurales, así como el uso de drones explosivos y la presencia de hombres armados vinculados al grupo criminal Los Ardillos.
Integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) acusaron que las agresiones forman parte de una estrategia de control territorial contra comunidades indígenas organizadas.
El conflicto provocó el desplazamiento masivo de familias que abandonaron sus hogares para refugiarse principalmente en la cancha de Alcozacán. Mujeres, niñas, niños y adultos mayores permanecen durante días durmiendo a la intemperie, bajo lluvias y con escasos alimentos.
Pobladores denunciaron que durante los momentos más críticos únicamente contaban con agua y galletas para sobrevivir, mientras las tiendas de la región comenzaron a vaciarse debido a que distribuidores y proveedores dejaron de ingresar mercancía por temor a la violencia.
En comunidades como Tula, más de 23 viviendas quedaron quemadas o destruidas parcialmente. Animales de granja y mascotas quedaron amarrados dentro de pueblos abandonados, muchos de ellos muriendo por hambre y falta de cuidados.
Tras varios días de presión social y denuncias públicas, el gobierno federal envió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien junto con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda acudió el 13 de mayo a la zona de conflicto.
Las funcionarias arribaron a Alcozacán y sostuvieron reuniones con familias desplazadas. Ahí, Rosa Icela Rodríguez reconoció que el gobierno federal aún no tenía una cifra oficial de desplazados, pero aseguró que se implementaría un plan de atención “paso por paso” para atender la emergencia.
Ese mismo día se observó un incremento en la presencia de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Ejército sobre la carretera Chilapa-José Joaquín de Herrera, donde autoridades retiraron árboles, piedras y obstáculos colocados por presuntos agresores para impedir el acceso de corporaciones de seguridad o la salida de familias desplazadas.
También fueron instalados módulos de atención médica y comenzó el reparto de alimentos y medicamentos en Alcozacán. Sin embargo, habitantes denunciaron que la ayuda seguía siendo insuficiente y que comunidades como Tula permanecían sin vigilancia permanente.
Colectivos denuncian ataques contra comunidades
Paralelamente, organizaciones nacionales e internacionales comenzaron a pronunciarse sobre la situación. La red EuropaZapatista emitió un comunicado donde denunció ataques contra las comunidades del CIPOG-EZ y acusó complicidad de autoridades con grupos criminales que operan en la región.
En su pronunciamiento, colectivos de países como Italia, Francia, Alemania, Grecia y España señalaron que la violencia contra las comunidades indígenas de Chilapa ha dejado, a lo largo de los años, decenas de personas asesinadas y desaparecidas.
Mientras tanto, las familias desplazadas continúan viviendo entre el miedo, la incertidumbre y la escasez, en una región donde la violencia volvió a evidenciar la fragilidad de la seguridad y la crisis humanitaria que enfrentan comunidades indígenas de Guerrero. Mientras que no existen jornadas de búsqueda para localizar a los desaparecidos.
Iglesia católica inicia campaña de ayuda humanitaria
Ante la crisis humanitaria provocada por la violencia y el desplazamiento forzado en comunidades indígenas de Chilapa, parroquias y organizaciones religiosas de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa lanzaron una campaña de acopio para apoyar a las familias afectadas.
Bajo el lema “¡Ayuda humanitaria, nuestros hermanos de Chilapa necesitan de tu solidaridad!”, la campaña busca reunir alimentos, agua, medicamentos, artículos de higiene y cobijas para las personas desplazadas por los recientes ataques armados en comunidades de la Montaña Baja.
La iniciativa es impulsada por la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, la Parroquia de la Santa Cruz, el Santuario de los Mártires, el Centro Minerva Bello y la Parroquia San Gerardo María Mayela.
En el llamado, las organizaciones religiosas señalaron que muchas familias “han perdido sus hogares y pertenencias” debido a la violencia que se vive en diversas comunidades de Chilapa.
Entre los productos solicitados se encuentran maíz en grano, agua embotellada, medicamentos, botiquines, alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas, pañales, leche para niñas y niños, así como productos de higiene personal.
También pidieron apoyo con alimentos básicos y artículos de limpieza como arroz, frijol, pasta, aceite, azúcar, jabón, cloro, papel higiénico, verduras, café, huevos, yogurt y toallas femeninas.
La campaña habilitó centros de acopio en Chilpancingo, Iguala y Chilapa para recibir donaciones de la ciudadanía.
rdr
