Cinco meses después de haber arrancado operaciones en Nuevo León, la planta de Kia Motors en Pesquería tendrá hoy su banderazo oficial de la mano de directivos de la empresa y representantes de México.
Se trata de la primera armadora automotriz de la marca en México y la primera instalada en Nuevo León. Sin embargo, ésta se ha visto envuelta en diferentes cuestionamientos políticos y de la sociedad, que van desde la entrega de incentivos fiscales, la elección del lugar donde se construyó y prácticas cuestionables por parte de su planta productiva originaria de Asia.
Kia Motors arrancó operaciones en mayo de este año con la producción de su modelo Forte. Pero es apenas hoy cuando se presenten altos directivos de la marca, como el presidente de Hyundai Motor Group, Chung Mong-Koo, y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.
Críticas y racismo
La llegada de la primera planta automotriz a Nuevo León no ha estado exenta de polémica: el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec) –actualmente Secretaría de Economía y Trabajo (SEyT)– dio a conocer algunos de los acuerdos del contrato de la empresa con la previa administración estatal, bajo el argumento de que se violaban leyes al exceder los incentivos fiscales que se le entregaron.
Inclusive, esta “excesiva” dádiva de beneficios a la armadora ha ocasionado que cuatro funcionarios de la pasada administración estatal fueran vinculados a proceso penal, en el ahora llamado caso Kia: el ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz; el ex tesorero Rodolfo Gómez Acosta, los ex secretarios de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán Robert y Celina Villarreal Cárdenas –ésta última ostentaba el cargo de directora de Inversión Extranjera al momento de la firma del contrato.
Actualmente, la administración de Jaime Rodríguez tiene un nuevo convenio con la armadora; sin embargo, no se han revelado los detalles de su contenido. De igual manera, el Gobierno del Estado ha descartado que se acuse formalmente a la empresa por haber aceptado incentivos superiores a los marcados por la ley.
Aún y cuando se resolvieron los problemas entre el Estado y la armadora, los cuestionamientos por parte de la sociedad, tanto habitantes de Pesquería como de otros municipios, han hecho señalamientos constantes hacia los coreanos que llegaron a trabajar a la armadora y sus proveedoras.
Los comentarios racistas hacia los empleados surcoreanos han surgido, en parte, por una marcada aversión de los regiomontanos hacia la empresa, tras haberse involucrado en las negociaciones presuntamente corruptas con el ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.
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