Betzabé Martínez, alcaldesa de Gómez Palacio, reconoció el tema de anticorrupción como base fundamental de su gobierno, y como muestra es la creación de la Unidad Especializada Anticorrupción, que tiene como objetivo el garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia social en el servicio público.
Esta iniciativa busca supervisar de manera permanente el actuar de las dependencias como las corporaciones de seguridad y vialidad y representa un mecanismo directo de vigilancia sobre los funcionarios públicos, como elementos de la Policía Municipal y de Vialidad, asegurando que las denuncias presentadas por la población deriven en investigaciones formales mediante la Contraloría.
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A través de estas acciones se lleva una supervisión continua mediante el control y fiscalización constante de los agentes en campo. Además, se pueden realizar denuncias anónimas, con la finalidad de proteger la identidad de los ciudadanos que señalan irregularidades.
En relación a las sanciones, se realizan procedimientos disciplinarios y legales reforzados.
Betzabé Martínez enfatizó que la estrategia se alinea con las directrices de honestidad y combate a la impunidad promovidas a nivel federal por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y bajo este enfoque, la administración municipal enfatiza que la seguridad, el diálogo y la capacitación son la prioridad hacia la ciudadanía, mientras que la ética, los valores y la cero tolerancia a la corrupción representan el pilar al interior del gobierno.
Suma unidad anticorrupción más de 300 reportes y denuncias contra funcionarios públicos
Desde su creación formal en noviembre del año pasado y con corte al mes de julio de 2026, la Unidad Especializada Anticorrupción de Gómez Palacio ha registrado más de 300 procedimientos entre quejas, denuncias y felicitaciones dirigidas a servidores públicos. Así lo dio a conocer el contralor municipal, José Ramón Aldaba Lares.
El funcionario explicó que la atención se ha brindado tanto de forma presencial en las oficinas de la Contraloría como a través del canal telefónico habilitado para la ciudadanía 8711 777711.
Del total de expedientes recibidos por la dependencia, el 60% de las quejas directas, que representa la causa más recurrente señalada por los ciudadanos, es la mala actitud, mal trato o atención injusta por parte del personal operativo.
Aproximadamente el 39% de las denuncias formales corresponden a probables faltas u omisiones administrativas que derivan en un proceso de responsabilidades administrativas. Y por último, el 1% de los reportes corresponden a reconocimientos o felicitaciones, es decir, comentarios positivos registrados sobre el desempeño de funcionarios.
De acuerdo con la Contraloría Municipal, el volumen de reportes está ligado a las áreas que mantienen mayor contacto directo con la población, como es Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, las cuales encabezan la lista con el índice más alto de señalamientos.
En cuanto a la Dirección Municipal de Servicios Públicos, se ubica en el segundo lugar de incidencias presentadas; otras dependencias como Salud, el Instituto Municipal de la Mujer y personal asignado a la Expo Feria han sumado registros menores.
Aldaba Lares destacó que las investigaciones vigentes buscan aplicar los procedimientos del nuevo Reglamento Interior de la Contraloría, así como los lineamientos del Código de Ética y Conducta.
Dependiendo de la gravedad de la falta determinada en la etapa resolutiva, las sanciones aplicables para los funcionarios imputados van desde apercibimientos verbales y disculpas públicas por escrito hasta suspensiones temporales, destitución del cargo o inhabilitación para ejercer en el servicio público. La autoridad recordó que los reportes pueden realizarse de manera anónima para evitar la revictimización de los ciudadanos.
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