De entre la recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) en lo que va del año, alcaldes de diversos municipios son los que recibieron el mayor número de estas en las que se acreditaron violaciones a las garantías individuales, con un total de 11, seguidos por la Dirección General de Prevención y Readaptación Social con siete, la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) con cinco expedientes cada una.
Lo anterior se desprende de la difusión de las mismas por parte de la Codhem, donde se destaca que dos presidentes municipales, el de Toluca y el de Nicolás Romero, recibieron dos expedientes cada cual, el primero por "la vulneración del derecho al medio ambiente" y "la vulneración del derecho a la seguridad e integridad personal", en tanto que en el segundo fue por "la transgresión a los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como la vulneración al deber objetivo de cuidado por parte de servidores públicos" y "por violación al derecho a la seguridad pública".
Otros alcaldes que recibieron "recomendaciones" fueron los de Acambay, por "la inadecuada prestación del servicio de seguridad pública en dicho municipio, en perjuicio de una persona"; el de Chicoloapan por "la transgresión a los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como a una debida fundamentación y motivación por parte de la oficial mediadora conciliadora".
También figuran los presidentes municipales de Chalco por un "caso de la vulneración del derecho al ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública"; el de Almoloya de Juárez "sobre la violación al derecho de legalidad y seguridad jurídica y al derecho al deber objetivo de cuidado".
El munícipe de Valle de Chalco Solidaridad recibió una recomendación por " las ilegales prácticas administrativas en la Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora", mientras que el de Nezahualcóyotl fue "por violación al derecho a la integridad personal y al deber objetivo de cuidado".
Finalmente, el edil de Mexicaltzingo tuvo un "caso de la transgresión a los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como a la debida diligencia".
Por otro lado, respecto de los siete expedientes dirigidos por la Codhem a dirección general de Prevención y Readaptación Social, están relacionados con "la ausencia del deber objetivo de cuidado... sujetos a medida de tratamiento en internamiento en la escuela de reintegración social para adolescentes "Quinta del Bosque", y el menoscabo de su integridad personal", así como "por vulneración al derecho de las personas privadas de libertad, a que se respete su situación jurídica, y a la protección de su integridad".
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También, la ausencia de recursos materiales y humanos en el centro preventivo y de readaptación social de Chalco, en detrimento del derecho a la seguridad pública y la reinserción social como finalidad del sistema penitenciario", y la vulneración del derecho a la integridad personal", además de "la vulneración del derecho al mantenimiento del orden y la aplicación de sanciones y del derecho a la protección de la integridad".
Otro expediente fue "sobre los hechos suscitados en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca", donde los reos se amotinaron y denunciaron torturas por parte de otros internos, con la complicidad de las autoridades penitenciarias.
En cuanto a las cinco recomendaciones para la Fiscalía General de Justicia de la entidad, están fueron por "la vulneración del derecho a la integridad personal", "la falta de debida diligencia..., en detrimento de los principios de oficiosidad, oportunidad, independencia e imparcialidad, exhaustividad y participación".
En la misma forma, se acreditó "vulneración del derecho a la integridad y seguridad personal, específicamente a no ser sometido a tortura", así como "falta de debida diligencia en la identificación de casos de homonimia, en detrimento del derecho humano a la libertad personal", y también "vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio".
En torno de la Secretaría de Educación Pública, que igual recibió cinco recomendaciones, estas giraron "sobre el caso de.... a que se proteja su integridad emocional y sexual con relación al derecho a una educación libre de violencia" en menoscabo de la integridad personal de una alumna de educación básica", y en el mismo caso las alumnas de la escuela primaria "Miguel Hidalgo", de Ixtapaluca.
Otra fue por "las condiciones de infraestructura de la Escuela Preparatoria Oficial número 296 Fidel Castro Ruz, ubicada en Tultitlán", y la ultima por por violación al derecho a una educación libre de violencia".
KVS
