El Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos otorgó una suspensión provisional a Jorge Francisco Rabadán Torres, quien se encuentra sujeto a investigación ministerial por la presunta comisión de agresiones físicas graves en contra de su expareja, Paula Fajardo.
De acuerdo con la resolución emitida el pasado 10 de junio por el juez federal Guillermo Amaro Correa, se concedió la protección temporal de la justicia de la Unión al promovente. Este mandato impide de manera provisional que las autoridades judiciales del fuero común o del ámbito federal ejecuten determinadas órdenes de captura o actos de molestia en su contra, mientras se desahoga y resuelve el fondo del juicio de amparo.
Entre los alcances jurídicos de la suspensión dictada por el juez Amaro Correa se establece expresamente que Jorge Rabadán no podrá ser extraditado desde el extranjero en caso de que las fiscalías mexicanas emitan o reactiven una solicitud formal de asistencia jurídica internacional. Asimismo, en la ampliación de su demanda de amparo, el quejoso manifestó su inconformidad por el aseguramiento ministerial de diversos bienes inmuebles vinculados a su persona, argumentando violaciones al debido proceso.
Evidencias en redes y movilización social
El caso adquirió relevancia nacional luego de que Paula Fajardo difundiera públicamente grabaciones de cámaras de seguridad en las que se aprecian las agresiones físicas cometidas presuntamente por Rabadán Torres. El material audiovisual documenta además conductas violentas que afectaron de forma directa a los hijos de la víctima, detonando una condena pública generalizada por parte de colectivos de derechos humanos.
Cabe recordar que, en un frente jurídico paralelo abierto el pasado 3 de junio, el Juzgado Séptimo de Distrito admitió una primera demanda de garantías promovida por el mismo investigado. Sin embargo, en un revés para el imputado el pasado 9 de junio, dicho tribunal resolvió negarle la suspensión definitiva.
Esta resolución judicial se produjo de forma posterior a una manifestación civil encabezada por Paula Fajardo frente a la sede de los juzgados federales, ubicados en la colonia Villas Deportivas de Cuernavaca.
El litigio constitucional continúa su curso formal. Corresponderá a la autoridad del Poder Judicial de la Federación dictaminar en las próximas semanas si ratifica, modifica o extingue de forma definitiva las medidas cautelares concedidas al imputado, de forma paralela al desarrollo de las carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía General del Estado de Morelos.
