Ya sea mediante mensajes en redes sociales o escritos en paredes de baños u otros espacios que pueden llegar a ser más privados en las instituciones educativas, alumnos del municipio de Torreón, Coahuila, han causado pánico, preocupación y la movilización de autoridades al amenazar con tiroteos en sus escuelas.
En un lapso de seis días, tres escuelas, desde secundaria hasta una facultad de estudios superiores, resultaron afectadas por mensajes de este tipo, donde amenazaban con disparar dentro de las instalaciones; incluso en algunos casos se mencionaban ataques directos señalando nombres o cargos, lo que generó alarma y una intensa movilización de elementos de seguridad.
En cifras, la Dirección de Seguridad Pública sumó más amenazas de este tipo en lo que va de 2026 que en todo el año 2025, cuando recibieron únicamente dos reportes en escuelas del municipio, según datos de la dependencia. Mientras que en el mes de marzo se contabilizaron cuatro reportes que generaron movilización de las autoridades, principalmente en escuelas públicas, aunque en el último caso los protocolos se aplicaron de manera interna.
Las autoridades han detectado viralidad en cada uno de los eventos y, aunque han confirmado que se trata de bromas, aseguran que no pueden tomarse a la ligera. Señalan que estos mensajes son más comunes en periodos de exámenes, cuando los alumnos buscan cancelar clases y posponer evaluaciones; sin embargo, los protocolos indican revisiones y no ausentismo escolar.
Aun así, el mensaje genera temor, sobre todo entre los padres de familia, quienes buscan respuestas y que se señale al responsable para que sea sancionado. Y es que, en los últimos años, este tipo de hechos, que antes se observaban en noticias extranjeras o documentales, han comenzado a registrarse con mayor frecuencia en el país. Hace tan solo seis años, la ciudad de Torreón fue escenario de un tiroteo escolar que dejó como saldo una maestra fallecida; el alumno que inició el tiroteo, de tan solo 10 años, se quitó la vida después de disparar contra cinco compañeros y un profesor de educación física.
Este suceso llevó a la activación de diversos protocolos, como el operativo mochila; sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para frenar este tipo de mensajes. Al respecto, Fernando Araujo Pulido, doctor en criminología, indicó que esta problemática requiere una atención preventiva más que reactiva, e incluso señaló que la sola presencia de autoridades no sería suficiente para evitar estos casos.
“Habría que entender que este problema no se resuelve únicamente con un mayor número de policías o con una vigilancia sistemática. Se atiende, en gran medida, a partir del diálogo y de generar procesos comunitarios, por lo menos en las instituciones educativas”.
De igual manera, Araujo indicó que actualmente los jóvenes se enfrentan a múltiples problemáticas en el ámbito académico, familiar y de salud mental. Señaló que, aunque es importante que las familias aborden estos temas, las condiciones económicas y laborales dificultan la comunicación.
“Es una condición multifactorial. Por un lado, el nivel de comunicación que deben tener las familias en torno a los problemas que enfrentan los jóvenes, no solo académicos, sino también personales y de salud mental, que sigue siendo un ámbito poco explorado en este eje de la violencia en las juventudes. No obstante, también hay que reconocer que muchas familias no disponen del tiempo necesario debido a las condiciones económicas; se privilegia lo laboral y se deja de lado lo familiar. Por otro lado, las escuelas deben contar con puntos clave para atender este tipo de situaciones”.
De la acción a la reacción
En tres de los cuatro casos registrados, la reacción fue inmediata: se implementó movilización policiaca en los planteles, operativo mochila y revisiones por parte de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón. También se establecieron mesas de diálogo con autoridades de los tres niveles de gobierno.
Uno de los agrupamientos enfocados en atender este tipo de situaciones es la Unidad Especializada en Atención Temprana y Acompañamiento en Situación de Riesgo, encabezada por Blanca Pérez Robles. Ellos suelen tener el primer acercamiento con docentes y padres de familia para orientar sobre cómo actuar ante amenazas y situaciones de crisis.
Pérez confirmó que los alumnos suelen dejar estos mensajes con la intención de cancelar clases; sin embargo, los protocolos establecen acciones específicas según la institución, y pocas veces derivan en el cierre de escuelas. Explicó que, como unidad, en ocasiones solo hacen presencia preventiva y, en otras, intervienen directamente.
“El operativo mochila es una acción urgente que se planea con los padres de familia y el personal docente. Interviene Seguridad Pública e, incluso, al activarse el protocolo, se incluye a la unidad canina para la revisión de áreas”.
A partir de esta primera acción, interviene la Unidad de Prevención contra las Adicciones y el Delito, donde se canaliza a los alumnos que lo requieren al programa Aplícate. Mientras tanto, la Unidad de Atención Temprana se enfoca en brindar pláticas a padres de familia sobre diversos temas, con el objetivo de generar conciencia y dar a conocer las consecuencias legales de estas acciones.
“Los padres de familia están de acuerdo, porque también reciben una plática llamada ‘Escuela para Padres’, en la que se les concientiza sobre la importancia de revisar desde casa qué llevan sus hijos a la escuela para no ponerlos en riesgo”.
Respecto a las consecuencias legales, la oficial Blanca detalló que, cuando el responsable es menor de 12 años, interviene la Procuraduría para Niñas, Niños y la Familia (Pronnif), que se encarga de investigar el entorno familiar y canalizar a atención psicológica. En el caso de adolescentes de 13 años en adelante, son canalizados al programa Aplícate.
En cuanto a las instituciones educativas, la coordinadora de servicios educativos en La Laguna de Coahuila, Flor Rentería, señaló que todas las escuelas tienen la instrucción de dar aviso inmediato a las autoridades de seguridad pública, incluida la Pronnif.
“Los protocolos indican dar aviso inmediato a las autoridades correspondientes y a los padres de familia. En caso de que haya posibles involucrados, también se notifica a la Pronnif para investigar el contexto familiar y establecer un plan de trabajo que promueva la convivencia pacífica dentro de la institución”.
Destacó que, cuando se identifica a un responsable, son especialistas en salud mental quienes determinan las acciones a seguir tanto con el alumno como con su familia. Esto incluye compromisos con los padres y, en algunos casos, la implementación de clases a distancia.
“Como lo marca el protocolo, la situación debe ser atendida tanto por la Pronnif como por las autoridades y especialistas, como psicólogos. Además, se establecen compromisos con los padres de familia y, si es necesario, se implementan clases a distancia para garantizar la seguridad y el seguimiento del caso”, concluyó Rentería.
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