Organizaciones ambientalistas convocaron al gobierno federal y a especialistas a participar en un foro de discusión en torno al proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el Centro de Transporte Sustentable EMBARQ México (CTS EMBARQ) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), organizaciones convocantes del foro, consideran que es necesario analizar las implicaciones de riesgos en términos de medio ambiente, factibilidad técnica y dinámicas de desarrollo urbano del nuevo aeropuerto, dada la magnitud del proyecto que sea quizá “la obra de infraestructura más importante de la actual administración”.
Aunque reconocieron que la construcción de un nuevo aeropuerto tiene el potencial de generar una serie de beneficios que van desde mejores servicios para los usuarios hasta impulsar una mayor competitividad y desarrollo económico para todo el país, las organizaciones subrayaron que los impactos económicos, sociales y ambientales del proyecto deben someterse a una deliberación pública seria, que permita evaluar el proyecto y señalar los riesgos que deberán ser atendidos por las autoridades.
“La transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales para prevenir actos de corrupción, posibilitar una discusión pública de calidad y asegurar que los compromisos del gobierno se concreten, particularmente dada la naturaleza transexenal de un proyecto como éste”.
Los convocantes anunciaron que llevarán a cabo la organización del diálogo durante el mes de octubre de este año, en una serie de foros públicos temáticos y talleres de análisis, en colaboración con instituciones académicas, expertos de distintas disciplinas y otras organizaciones civiles.
“En estos espacios se revisará a fondo la propuesta del gobierno, con el fin de evaluarla y generar recomendaciones orientadas a optimizar sus impactos económicos, ambientales y sociales”, indicaron en un comunicado.
De acuerdo con el Imco, los principales ejes de análisis propuestos son: transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información; medio ambiente; movilidad y conectividad; inclusión social (impacto en comunidades aledañas); competitividad y desarrollo urbano.
