La falta de competencia en el sector hidrocarburos, particularmente en la venta y distribución de gas LP en Baja California, ha provocado que esta entidad fronteriza ofrezca uno de los precios más elevados del mercado en el país, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el último reporte de Precios Vigentes al 15 de diciembre de 2019.
Mientras estados como Oaxaca o Chiapas tienen los precios más bajos con 15.83 y 14.43 pesos por kilo, en Baja California las familias pagan 20.78 pesos por kilo, es decir, cinco pesos más. A nivel nacional, el promedio arrojado por la CRE es de 18.05 pesos por kilogramo.
De acuerdo con Mario Escobedo Carignan, secretario de Economía de Baja California, los altos precios del gas LP en la entidad, son producto de la falta de competencia en la industria.
"Tenemos un monopolio de gas en el estado, donde un pequeño grupo de gaseras representa el 82 por ciento del mercado en Baja California, eso tiene como consecuencia de que el gas de Baja California es el gas más caro de todo el país, eso no es justo para los bajacalifornianos y eso es por falta de competencia", señaló el funcionario.
Aunque no reveló los nombres de las empresas monopolizadoras, reportes de la Comisión Reguladora de Energía revelan que entre Zeta Gas y Silza Gas, empresas de la familia Zaragoza, almacenan el 60.2 por ciento y 19.5 por ciento del gas en la entidad, lo que representa el 80 por ciento del total que se almacena en el estado.
El funcionario estatal explicó que en ciudades como Hermosillo, Sonora, que cuenta con menos de un millón de habitantes, operan 90 gaseras distintas, mientras que en Tijuana, con más de 3 millones 300 mil habitantes, las gaseras que operan no llegan ni a 30.
Además señaló que el hecho de que las empresas se pongan de acuerdo para establecer los precios de un producto o servicio es delito federal.
"Cuando un grupo de empresas establece un precio a la alza, es un delito federal, si un grupo de empresas que domina el mercado de X producto, se ponen de acuerdo para establecer un precio y ese precio es a la alza, es un delito federal y daño a la economía familiar", reiteró en días pasados.
La declaración coincide con la Ley Federal de Competencia Económica, que indica que las prácticas monopólicas absolutas ocurren cuando empresas que deberían competir se organizan para fijar, elevar o manipular precios.
El Primer Informe de Inflación del Banco de México (2017) reveló que donde operan menos empresas gaseras se registran los precios más altos, y explica que en un escenario de competencia, si una empresa tiene precios altos y otra no, el consumidor puede escoger comprarle a la que vende más barato.
En los últimos tres años, al menos dos empresas han intentado romper con el monopolio del gas en Baja California, sin embargo, se han encontrado una serie de barreras administrativas y legales que los gobiernos municipales impusieron para limitar la entrada de nuevos agentes económicos en la industria gasera, lo que ha propiciado que desde la reglamentación local se favorezca al monopolio conformado por las empresas Zeta y Silza.
Las empresas de comercialización de gas LP Rivera Gas y Blue Propane, llevan tres años intentando instalarse en Mexicali y Tijuana, pero las autoridades municipales y estatales han clausurado sus estaciones expendedoras basándose en reglamentos obsoletos que limitan la libre competencia.
Ambas empresas han sido víctimas de campañas de desprestigio que son operadas desde supuestas organizaciones civiles que buscan proteger a los vecinos, sin embargo, al revisar la actuación de dichas organizaciones, se ha encontrado que éstas sólo se oponen a los proyectos que interfieren con los intereses económicos de las empresas monopolizadoras.
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