El proceso que anunció el gobierno del Estado para ejercer acción penal en contra del magistrado Alberto Barba Gómez, a partir de una denuncia emitida por el gobierno de Zapopan, ha sido celebrada por el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, que además pide al Congreso del Estado resolver las peticiones de juicio político en contra de este funcionario del Tribunal de lo Administrativo el 17 de agosto de 2016.
El alcalde tapatío consideró adecuada esta intervención por parte del ejecutivo, y tras ella, dijo esperar que la comisión de responsabilidades pueda resolver las solicitudes de juicio político que él y la sindico Bárbara Casillas presentaron en su calidad de ciudadano, “veo voluntad política por parte del Gobierno del Estado, parece que se han tardado mucho en procesar este tema pero lo ocurrido debe permitir que en el Congreso entienda que no se puede seguir dilatando esta decisión”.
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Guadalajara es uno de los municipios en donde la autoridad y sociedad civil se han pronunciado en diversas ocasiones para cuestionar el desempeño del magistrado Alfredo Barba en la sexta sala del Tribunal de lo Administrativo, especialmente en las resoluciones que ha emitido en materia de desarrollo urbano.
En la solicitud de juicio político presentado por Enrique Alfaro Ramírez y Bárbara Casillas, en calidad de ciudadanos, señalaron 36 casos resueltos entre 2012 y 2015, por el magistrado Alfredo Barba, mediante “afirmativa ficta”, es decir, que fueron consideradas aceptadas al no tener una respuesta dentro del plazo establecido, pero que al tratarse de resoluciones tan recurrentes, dan pie a irregularidades en el proceso.
Entre los casos más emblemáticos de irregularidades en la resolución, el alcalde recordó en de la resolución a favor de la agencia automotriz KIA en un predio colindante a Los Colomos en contra de lo establecido en planes parciales, así como el retraso en el proceso de sentencia en el caso de un motel en Mezquitán, además de que “los vecinos y asociaciones de colonos presentaron otras solicitudes, serán las que tendrá resolver el Congreso”, y a partir de eso, a quien le corresponderá ejercer acción penal, será la Fiscalía del Estado, señaló el alcalde.
GPE
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