Aunque se prevé sancionable, la negativa del sector médico sobre la objeción de conciencia para llevar a cabo un aborto, que fue anulada por la Suprema Corte de Justicia sólo en los casos de que ésta ponga en riesgo la vida de la mujer, aún no tiene definida una acción punitiva ni tampoco que se pueda llegar a una judicialización, señaló el Poder Judicial de Estado.
Miguel Mery Ayup, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, indicó que con estos lineamientos que establece la Suprema Corte de Justicia, “le ordena al Poder Legislativo Federal legisle sobre la materia, entonces habrá que esperar para revisar los supuestos en los que una persona que sea médico se niegue a atender a una mujer que desee interrumpir su embarazo y esto ponga en riesgo la vida y la salud de la mujer”.
Antes, la ley establecía que el médico por una figura denominada “objeción de conciencia”, podría negarse en todos los casos aduciendo que no estaba de acuerdo en realizar el aborto, pero luego del análisis de los magistrados, lo que la corte le dice al Congreso es que legisle en qué casos puede el médico negarse a practicar la interrupción del embarazo y en qué casos, de negarse, puede ser sujeto a una pena; toda vez que pueda poner en riesgo la vida de la mujer.
Así lo explicó Mery Ayup, al añadir que entonces, aún falta que el Congreso reciba formalmente lo expedido por la Corte y que a su vez presente qué modificaciones se harán al marco normativo actual y si entre las sanciones estaría una de tipo punitivo y judicial, que implique la denuncia de la afectada y que se inicie una investigación y en su caso un juicio en contra del médico, lo que hasta ahora, aún no está definido.
Cabe mencionar que en Coahuila, y también lo subrayó el Presidente del Tribunal, no se han presentado juicios en contra mujeres ni contra personas que hayan apoyado el aborto, por lo que no se está en el supuesto de que éstas puedan ser liberadas luego de las modificaciones que los magistrados dispusieron sobre la despenalización del aborto en la entidad.
Ello, no obstante que según el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, en los últimos 6 años se abrieron 25 carpetas de investigación, sobre lo que entonces era un delito en el estado.
Se buscó también a la Comisión Coahuilense de Arbitraje Médico pero no se pudo localizar a su titular aunque posteriormente se informó que este jueves se recibiría para una entrevista sobre el particular.
EGO
