La propuesta de aumentar hasta un 223 por ciento las tarifas de entrada a museos y zonas arqueológicas, además del establecimiento de una nueva categoría de recintos vinculados al Tren Maya con precios aún más elevados, contenida en la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos es vista por dos especialistas en política cultural consultados por MILENIO.
Arturo Saucedo, investigador y experto en legislación, políticas culturales y presupuesto del Ramo 48, sostiene que “el aumento desmedido en las tarifas no solo contradice la garantía constitucional del acceso a la cultura, sino que aumenta la exclusión de los mexicanos, afectando especialmente a los sectores más vulnerables”, de acuerdo con la iniciativa de reforma sobre la Ley Federal de Derechos presentada por el Gobierno federal.
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Argumenta que la cultura debe ser un derecho universal y que la actual propuesta profundiza la desigualdad, pues “se eleva el costo para los propios nacionales, lo que es insostenible en un país con amplias carencias sociales”.
Agrega que esta política “precipita la precarización de los trabajadores culturales, entre ellos museógrafos, investigadores y curadores, quienes enfrentan condiciones de miseria presupuestal mientras se obliga a pagar más por acceder a su propio patrimonio”.
En diálogo con Enrique Roura Pech, promotor cultural y representante sindical en la Secretaría de Cultura, se profundizan los argumentos.
Roura Pech explica que llevan tiempo “trabajando, presentando diversas propuestas consensuadas entre los trabajadores de la Secretaría de Cultura” en una reforma a la Ley Federal de Derechos, iniciativa que él, Saucedo y otras personas presentaron en 2024 al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena.
La iniciativa busca “generar recursos para las instituciones culturales porque la secretaría no puede cubrir con el presupuesto actual las necesidades de dependencias como Inbal, INAH, bibliotecas y zonas arqueológicas, que enfrentan carencias graves en infraestructura y recursos humanos”.
Generar "miles de millones"
Roura Pech aclara respecto al cobro diferenciado en los museos y zonas arqueológicas, que su propuesta de 2024 es que el aumento se aplique prioritariamente al público internacional con precios alineados a estándares internacionales “para generar miles de millones para Cultura y ampliar la gratuidad para los mexicanos”.
Por ello critica la iniciativa oficial 2026 debido a que “puede afectar al público nacional y no garantiza que los recursos se usen directamente en proyectos culturales, pues terminan en la bolsa de Hacienda sin que los regrese a las instituciones que los generaron”.
En respuesta a esta situación, Arturo Saucedo, especializado en política cultural y doctorante en Filosofía de la Cultura por la UNAM, reitera que el año pasado promovieron una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos que plantea un modelo tarifario justo y competitivo. Su propuesta principal es establecer un cobro diferenciado: “Que los mexicanos tengan acceso gratuito o con tarifas subsidiadas a museos y zonas arqueológicas, garantizando así su derecho constitucional”.
También “que los visitantes extranjeros paguen tarifas ajustadas a los estándares internacionales, similares a las de Machu Picchu o el Museo del Louvre, lo que permitiría generar ingresos suficientes para financiar la conservación y operación sin afectar la accesibilidad nacional”.
Nuevas categorías
Saucedo también cuestiona la creación de la nueva categoría de sitios vinculados al Tren Maya. Sostiene que esta decisión demuestra la “utilización de la cultura como pretexto para financiar grandes megaproyectos, dejando en el abandono presupuestario el resto del patrimonio del país”. Agrega que esta política “es una contradicción flagrante que sacrifica la sostenibilidad cultural en favor de intereses políticos y económicos ajenos al bienestar cultural”.
En cambio, la propuesta presentada a Morena en 2024, contempla que los recursos generados se administren directamente por parte de las instituciones culturales (INAH, Inbal, Secretaría de Cultura) evitando que sean retenidos o desviados por la Tesorería de la Federación, con la obligación de transparencia y rendición de cuentas.
Según Saucedo, este modelo permitiría un financiamiento “más sostenible, eficiente y autónomo” para las instituciones, mejorando sus condiciones de trabajo y la calidad de los servicios culturales.
Sobre la gratuidad, Roura Pech comenta que ya existen excepciones para estudiantes y menores, además de domingos gratuitos, pero plantean “ampliar esos beneficios a más días y grupos de mexicanos para garantizar el acceso universal también los sábados”.
Enfatiza que la iniciativa gubernamental de reforma a la Ley Federal de Derechos de este septiembre, debería “atender las necesidades cotidianas de museos, teatros y zonas arqueológicas, que enfrentan condiciones críticas para abrir y operar plenamente”.
Comenta que el presupuesto para 2026 “es el más bajo en cultura en más de una década, poniendo en riesgo la operación completa de estos espacios”, aunque mantiene la esperanza de que el diálogo legislativo permita corregir y mejorar la propuesta.
Estas voces reflejan los reclamos de actores culturales, académicos y sociales que demandan un enfoque justo, inclusivo y sustentable para la política cultural, “frente a una propuesta que representa un riesgo para el acceso universal y el desarrollo cultural de México”. La iniciativa de Saucedo y Roura Pech, aseguran, abre una alternativa que busca combinar la sostenibilidad financiera con la equidad y la defensa de los derechos culturales pero está “en la congeladora”.
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