Actualmente, Latinoamérica atraviesa uno de los momentos más críticos en cuanto a censura y libertad de expresión. En México, “tan sólo en los últimos 12 meses, al menos ocho periodistas han sido asesinados en posible relación con su labor informativa. Sin embargo, la dimensión del problema va más allá; vivimos en un entorno en el que la estigmatización desde esferas del poder se ha normalizado, donde periodistas, escritoras, académicas y voces críticas son descalificadas y donde ese discurso abre la puerta a campañas de odio, amenazas, censura, autocensura y violencia focalizada”, apuntó en conferencia de prensa Alicia Quiñones, jefa de la Región de las Américas en PEN International.
Una de las acciones desde esta asociación en contra de la violencia ejercida hacia periodistas, fue cuando en 2012 “PEN tuvo un papel muy importante para cambiar la ley en México para que el asesinato de un periodista fuera un delito federal y no estatal”, señaló Jennifer Clement, presidenta emérita de PEN Internacional.
Ahora, debido al creciente aumento de ataques en contra de la libre expresión, PEN Internacional y la Cámara Nacional de la Industria Editorial (Caniem) se unen a través de un convenio que “establece un compromiso para proteger, promover y monitorear la libertad de expresión y editorial en México y abre una puerta para América Latina”, agregó Quiñones.
Entre las acciones de dicho convenio están monitorear, identificar y denunciar casos de censura, realizar investigaciones y alertas para proteger a quienes estén enfrentando este tipo de violencia, desarrollar campañas de visibilización y fortalecer redes de solidaridad dentro del sector editorial.
La firma de este convenio, dijo Diego Echeverría Cepeda, director de la Caniem, “es un compromiso con la defensa de la palabra, con la pluralidad de voces y con la circulación libre del pensamiento. Hoy vivimos un momento en el que estas libertades enfrentan riesgos crecientes, desde la censura abierta, la estigmatización de autoras y autores, la presión sobre contenidos incómodos, hasta las nuevas formas de intimidación digital que buscan censurar ideas”.
En Estados Unidos, por ejemplo, se mencionó que se tiene registro de al menos 23 mil ejemplares prohibidos desde 2021, entre ellos se encuentran libros de autores latinoamericanos como Gabriel García Márquez, Isabel Allende y Elena Poniatowska.
Esta censura, explicó Quiñones, está siendo impulsada por grupos conservadores que también buscan coartar la libertad de expresión de contenidos sobre racismo, comunidad LGBTIQ+ y temas relacionados con la sexualidad.
El convenio, aseguró el director de la Caniem, permitirá mecanismos de protección, visibilización y acompañamiento para quienes desempeñan su labor desde la edición y la creación a través de la escritura, además de “elevar la conversación pública sobre los riesgos que enfrenta el peligro al exigir políticas públicas integrales que fortalezcan la lectura y para continuar una defensa efectiva de la bibliodiversidad que tanto caracteriza a México y América Latina”.
Finalmente, Jennifer Clement apuntó que “la libertad de expresión no es un privilegio, sino un derecho que debemos proteger colectivamente. Las editoriales, las y los escritores, las instituciones culturales y la ciudadanía formamos una misma comunidad que no puede permitir el silencio frente a la censura ni frente a la violencia”.
PCL
